RAúL MONGE,
Ejemplo claro de un caso judicial que tiene implicaciones políticas y sociales, el del secuestro y asesinato del joven Fernando Martí sigue siendo utilizado por los gobiernos federal y capitalino como la posibilidad de colgarse una medalla, la medalla Martí, ante la opinión pública. Esa es, sin duda, una de las razones por las que el caso tiende a complicarse, más aún tras la detención de dos integrantes de la banda de Los Petriciolet, entre ellos el asesino confeso del hijo del empresario deportivo Alejandro Martí.
La mañana del 17 de julio, el procurador general de Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, salió de su casa poco antes de las 8:00 horas rumbo a la sede del gobierno de la ciudad, para asistir a la reunión del Gabinete de Seguridad de ese día.
En el trayecto hacia el centro de la ciudad, mientras revisaba la síntesis de prensa del día, el procurador escuchó por radio una noticia que lo sacó de balance: la captura de varios integrantes de la banda de secuestradores denominada Los Petriciolet –uno de ellos, Noé Robles Hernández o Noé Alejandro Soto García, autor confeso del secuestro y muerte del joven Fernando Martí, hijo del empresario y actual presidente del Sistema de Observación por la Seguridad Ciudadana (SOS), Alejandro Martí.
La sorpresa de Mancera se debió a que tanto la dependencia que él encabeza como la Procuraduría General de la República (PGR) desconocían la existencia de Los Petriciolet, mucho menos que Noé y José Montiel Cardozo, el otro detenido, llevaban más de seis años operando en el Distrito Federal y en el Estado de México.
Además, desde las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), el coordinador de Inteligencia, Luis Cárdenas Palomino, declaró en vivo que su corporación no tenía indicio alguno de que Sergio Humberto Ortiz Juárez (El Apá) y Lorena González Hernández (La Lore), dos de los siete implicados en el caso Martí dentro de la investigación que lleva a cabo la procuraduría del Distrito Federal, estuvieran relacionados con el secuestro del hijo del empresario deportivo ni con ninguno de los otros 14 plagios cometidos presuntamente por la banda a la cual se le atribuyen ocho asesinatos. La organización es dirigida por Abel Silva Petriciolet, prófugo de la justicia.
Detalló Cárdenas Palomino:
“Las víctimas eran interceptadas en falsos retenes en los que se utilizaban vehículos e insignias de corporaciones policiales. Su modo de operar consistía en asesinar a los choferes o escoltas (de sus víctimas) mediante los alimentos que ingerían para posteriormente asfixiarlos y abandonarlos en vehículos robados.”
Sabedor de que esa noticia desmadejaba la investigación a su cargo y ponía en tela de juicio su credibilidad, Mancera pidió a su chofer acelerar la marcha, mientras escuchaba la conferencia de Cárdenas Palomino, brazo derecho de Genaro García Luna, titular de la SSP.
Apenas concluyó la rueda de prensa, Mancera tomó el teléfono y habló con Cárdenas Palomino para pedirle que lo recibiera a la brevedad posible. El funcionario federal no puso ningún reparo y lo citó a las 10:30 horas en sus oficinas de Moneda 333, colonia Lomas de Sotelo, delegación Miguel Hidalgo.
Antes de llegar a la sede del gobierno del Distrito Federal, Mancera hizo otra llamada, esta vez a su jefe, Marcelo Ebrard Casaubon, quien en ese momento se encontraba en La Paz, Bolivia, a donde acudió para participar en la 41 Reunión del Comité Ejecutivo de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas.
Mancera puso al tanto a Ebrard del inesperado giro que la SSP le había dado al caso Martí. Le comunicó también que en el curso de la mañana se reuniría con Cárdenas Palomino para preguntarle sobre la ruta de la investigación que siguió la dependencia federal para la captura del presunto autor material del asesinato de Fernando Martí.
El jefe de Gobierno del Distrito Federal pidió a Mancera preparar antes un informe pormenorizado sobre la investigación realizada por la procuraduría capitalina, así como del estado procesal en que se encontraba el asunto hasta ese momento.
Fue todo.
Incómodo por la situación y con algunos minutos de retraso, Mancera llegó a la reunión del Gabinete de Seguridad. Debido a la noticia, la agenda del día se centró en un tema: cómo salir del atolladero en que los había metido Genaro García Luna. Los asistentes acordaron reunir las pruebas necesarias para apuntalar la investigación propia en torno al caso.
Mancera les comentó que había hablado con Ebrard y que el jefe de Gobierno le había encargado preparar un informe detallado, el cual, les adelantó, sería expuesto ante el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Distrito Federal, que encabeza Meyer Klip Gervitz. La presentación se efectuó dos días después, la noche del 19 de julio, en la sede de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y fue privada.
El encuentro
Una vez concluida la reunión del día 17, el titular de la PGJDF salió disparado hacia la colonia Lomas de Sotelo, donde se reunió con Cárdenas Palomino.
Durante el encuentro, que duró casi tres horas, el coordinador de Inteligencia de la SSP relató a Mancera que la detención de Noé, de 31 años, y de José Antonio, de 34, fue producto de una investigación científica y tecnológica iniciada hace algunos años con motivo del secuestro de un empresario.
Así mismo, le comentó que el vínculo con el caso Martí surgió de manera circunstancial durante el interrogatorio a Noé, quien confesó que no sólo intervino en el secuestro del joven Fernando, sino que él mismo le quitó la vida al frustrarse, dijo, el cobro del rescate. Noé admitió también la muerte de Antonio Equihua, otro de los plagiados por Los Petriciolet. Según Cárdenas Palomino, Noé negó conocer a El Apá y a La Lore.
En los diagramas de flujo de la organización de Los Petriciolet, a cuyos integrantes la SSP les atribuye la comisión de al menos 14 secuestros, Mancera constató que no aparecen relacionados los nombres de Sergio Humberto Ortiz Juárez (El Apá) ni el de Lorena González Hernández (La Lore) ni los del resto de los implicados en el secuestro de Fernando Martí, implicados en la investigación de la PGJDF.
A pesar del cúmulo de evidencias que, en el papel, desmoronaban el trabajo realizado por la procuraduría capitalina, Mancera defendió su investigación colgándose de un par de indicios contenidos en el documento de la SSP: que la casa de seguridad mencionada por los detenidos era la misma que algunos de los plagiados por la banda de La Flor habían identificado durante su cautiverio; además, Mancera puso énfasis en las palabras de Noé, quien afirmó que él sólo era parte “de la estructura más baja de la organización” y de que, por lo mismo, “no conoce a todos los integrantes de la misma”.
Sin embargo, lo que Cárdenas Palomino omitió en ese encuentro fue que momentos antes de la conferencia de prensa su jefe, Genaro García Luna, llamó a Alejandro Martí para informarle sobre la detención del asesino de su hijo Fernando e invitarlo a una presentación ante los medios de comunicación. El empresario agradeció la deferencia pero declinó, para no ser comparsa, dijo.
El funcionario federal tampoco le mencionó al procurador capitalino la averiguación previa AP-PGR-SIEDO/UEIS/254/2004 abierta en la PGR por el delito de secuestro y en la que están relacionados El Apá y La Lore.
De regreso al búnker de la colonia Doctores, el procurador Mancera se comunicó por teléfono con el titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, para preguntarle qué sabía sobre el caso y pedirle autorización para interrogar a Noé.
Medina Mora le dijo que no sabía nada más de lo que había escuchado en los medios de comunicación y que la SSP estaba en vías de poner a disposición del Ministro Público federal al asesino confeso de Fernando Martí. Incluso le respondió que en cuanto el detenido estuviera bajo su jurisdicción se lo haría saber.
Por la noche, ya con la información digerida y sin la adrenalina al límite, Mancera buscó a Alejandro Martí para darle su versión de los hechos ocurridos en el curso del día. No entró en detalles, pues el empresario deportivo está enterado de la ruta de la investigación que ha seguido la PGJDF en el caso de su hijo.
Aún así, Mancera hizo hincapié en que la investigación de la SSP no anulaba la de la PGJDF, sino que la complementaba. Alejandro Martí no lo confrontó, incluso se mostró entusiasmado debido a que se había localizado la casa de seguridad donde estuvo secuestrado su hijo. Ese hecho, comentó el empresario, iba a arrojar más pistas para terminar de armar el rompecabezas.
Ese mismo día, el empresario hizo público su voto de confianza al trabajo desarrollado por la PGJDF en el caso de su hijo. Difundió un comunicado en el que aseguraba que las aprehensiones dadas a conocer por la SSP “no deben desestimar” las investigaciones realizadas por la PGJDF y convocó a ambas dependencias a no politizar el asunto.
Un par de días después, el 19 de julio, Mancera convocó en sus oficinas de la colonia Doctores a los integrantes del Consejo Ciudadano. Ahí defendió la investigación realizada por la dependencia a su cargo y reiteró que no se contrapone con la indagatoria que sobre el mismo asunto lleva a cabo la SSP federal.
La defensa de Mancera
Según versiones de algunos de los asistentes al encuentro, Mancera declaró ese día que la casa de seguridad que refieren los detenidos por la SSP federal coincidía con la que señalan diversas víctimas de secuestro de la banda de La Flor y más: que en la declaración de Noé Robles Hernández o Noé Alejandro Soto García quedó claro que forma parte de la estructura más baja de la organización y que no conocía a todos los integrantes de la banda de Los Petriciolet.
Mancera recordó también que la PGJDF nunca hizo público que alguna de las siete personas relacionadas con el caso Martí fuera el asesino material de Fernando.
Así mismo, explicó a los asistentes la ruta de la investigación seguida por la PGJDF que llevó a la consignación penal de los siete detenidos: Sergio Humberto Ortiz Juárez, Lorena González Hernández, Fernando Hernández Santoyo, José Luis Romero Rangel, Marco Antonio Moreno Jiménez, Israel Cañas Ovalle y Noé Cañas Ovalle por los presuntos delitos de secuestro agravado, homicidio del secuestrado en grado de tentativa, robo agravado y delincuencia organizada.
De acuerdo con el pliego de consignación de la PGJDF, en contra de El Apá existe la imputación de una víctima y siete testigos, lo mismo que en el caso de La comandanta Lore. Ambos fueron policías; el primero trabajó en la desaparecida División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIPD) y la PGJDF; la segunda lo hizo en la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) y en la SSP, curiosamente en el área de Inteligencia que hoy dirige Cárdenas Palomino.
A los hermanos Israel y Noé Cañas Ovalle los acusan dos víctimas y tres testigos; al excomandante de la Policía Judicial del Distrito Federal, José Luis Romero Ángel, una víctima y dos testigos; al exagente de la PGJDF Fernando Hernández Santoyo, dos víctimas y dos testigos, y a Marco Antonio Moreno Jiménez, una víctima.
Entre las 104 declaraciones ministeriales del expediente del caso, llama la atención la declaración de un testigo que incrimina a El Apá y a La Lore. Identificado por la PGJDF con el número 4, aseguró que en diciembre de 2007, antes de Navidad, su hijo le comentó que había conocido a unas personas, que, ahora sabe, eran Sergio Ortiz y Lorena Hernández.
En su testimonio también relató que Sergio y Lorena le pidieron pasar armas de Laredo, Texas, a Nuevo Laredo, Tamaulipas. Según él, ambos le dijeron que le pagarían bien por el trabajo. Además, en esa ocasión Lorena se identificó ante el hijo del testigo como la comandante Flor y le dijo que trabajaba en la PGR.
El Apá está relacionado con seis secuestros cometidos por la banda de La Flor. El pasado 24 de julio, Ortiz Juárez ganó un amparo incidental que le concedió el juez 12 de distrito en materia de amparo contra una orden de aprehensión girada por la PGJDF por la presunta comisión de dos secuestros cometidos en 2004 y 2007.
Cuatro días después, el 28, la PGR le cambió la suerte al dictarle auto de formal prisión por su presunta responsabilidad en un secuestro cometido en 2004. En la averiguación previa AP-PGR-SIEDO/UEIS/254/2004 está relacionada también La Lore, quien fuera protegida de Facundo Rosas, exsubsecretario de Estrategia Policial y actual comisionado de la Policía Federal.
Ejemplo claro de un caso judicial que tiene implicaciones políticas y sociales, el del secuestro y asesinato del joven Fernando Martí sigue siendo utilizado por los gobiernos federal y capitalino como la posibilidad de colgarse una medalla, la medalla Martí, ante la opinión pública. Esa es, sin duda, una de las razones por las que el caso tiende a complicarse, más aún tras la detención de dos integrantes de la banda de Los Petriciolet, entre ellos el asesino confeso del hijo del empresario deportivo Alejandro Martí.
La mañana del 17 de julio, el procurador general de Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, salió de su casa poco antes de las 8:00 horas rumbo a la sede del gobierno de la ciudad, para asistir a la reunión del Gabinete de Seguridad de ese día.
En el trayecto hacia el centro de la ciudad, mientras revisaba la síntesis de prensa del día, el procurador escuchó por radio una noticia que lo sacó de balance: la captura de varios integrantes de la banda de secuestradores denominada Los Petriciolet –uno de ellos, Noé Robles Hernández o Noé Alejandro Soto García, autor confeso del secuestro y muerte del joven Fernando Martí, hijo del empresario y actual presidente del Sistema de Observación por la Seguridad Ciudadana (SOS), Alejandro Martí.
La sorpresa de Mancera se debió a que tanto la dependencia que él encabeza como la Procuraduría General de la República (PGR) desconocían la existencia de Los Petriciolet, mucho menos que Noé y José Montiel Cardozo, el otro detenido, llevaban más de seis años operando en el Distrito Federal y en el Estado de México.
Además, desde las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), el coordinador de Inteligencia, Luis Cárdenas Palomino, declaró en vivo que su corporación no tenía indicio alguno de que Sergio Humberto Ortiz Juárez (El Apá) y Lorena González Hernández (La Lore), dos de los siete implicados en el caso Martí dentro de la investigación que lleva a cabo la procuraduría del Distrito Federal, estuvieran relacionados con el secuestro del hijo del empresario deportivo ni con ninguno de los otros 14 plagios cometidos presuntamente por la banda a la cual se le atribuyen ocho asesinatos. La organización es dirigida por Abel Silva Petriciolet, prófugo de la justicia.
Detalló Cárdenas Palomino:
“Las víctimas eran interceptadas en falsos retenes en los que se utilizaban vehículos e insignias de corporaciones policiales. Su modo de operar consistía en asesinar a los choferes o escoltas (de sus víctimas) mediante los alimentos que ingerían para posteriormente asfixiarlos y abandonarlos en vehículos robados.”
Sabedor de que esa noticia desmadejaba la investigación a su cargo y ponía en tela de juicio su credibilidad, Mancera pidió a su chofer acelerar la marcha, mientras escuchaba la conferencia de Cárdenas Palomino, brazo derecho de Genaro García Luna, titular de la SSP.
Apenas concluyó la rueda de prensa, Mancera tomó el teléfono y habló con Cárdenas Palomino para pedirle que lo recibiera a la brevedad posible. El funcionario federal no puso ningún reparo y lo citó a las 10:30 horas en sus oficinas de Moneda 333, colonia Lomas de Sotelo, delegación Miguel Hidalgo.
Antes de llegar a la sede del gobierno del Distrito Federal, Mancera hizo otra llamada, esta vez a su jefe, Marcelo Ebrard Casaubon, quien en ese momento se encontraba en La Paz, Bolivia, a donde acudió para participar en la 41 Reunión del Comité Ejecutivo de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas.
Mancera puso al tanto a Ebrard del inesperado giro que la SSP le había dado al caso Martí. Le comunicó también que en el curso de la mañana se reuniría con Cárdenas Palomino para preguntarle sobre la ruta de la investigación que siguió la dependencia federal para la captura del presunto autor material del asesinato de Fernando Martí.
El jefe de Gobierno del Distrito Federal pidió a Mancera preparar antes un informe pormenorizado sobre la investigación realizada por la procuraduría capitalina, así como del estado procesal en que se encontraba el asunto hasta ese momento.
Fue todo.
Incómodo por la situación y con algunos minutos de retraso, Mancera llegó a la reunión del Gabinete de Seguridad. Debido a la noticia, la agenda del día se centró en un tema: cómo salir del atolladero en que los había metido Genaro García Luna. Los asistentes acordaron reunir las pruebas necesarias para apuntalar la investigación propia en torno al caso.
Mancera les comentó que había hablado con Ebrard y que el jefe de Gobierno le había encargado preparar un informe detallado, el cual, les adelantó, sería expuesto ante el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Distrito Federal, que encabeza Meyer Klip Gervitz. La presentación se efectuó dos días después, la noche del 19 de julio, en la sede de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y fue privada.
El encuentro
Una vez concluida la reunión del día 17, el titular de la PGJDF salió disparado hacia la colonia Lomas de Sotelo, donde se reunió con Cárdenas Palomino.
Durante el encuentro, que duró casi tres horas, el coordinador de Inteligencia de la SSP relató a Mancera que la detención de Noé, de 31 años, y de José Antonio, de 34, fue producto de una investigación científica y tecnológica iniciada hace algunos años con motivo del secuestro de un empresario.
Así mismo, le comentó que el vínculo con el caso Martí surgió de manera circunstancial durante el interrogatorio a Noé, quien confesó que no sólo intervino en el secuestro del joven Fernando, sino que él mismo le quitó la vida al frustrarse, dijo, el cobro del rescate. Noé admitió también la muerte de Antonio Equihua, otro de los plagiados por Los Petriciolet. Según Cárdenas Palomino, Noé negó conocer a El Apá y a La Lore.
En los diagramas de flujo de la organización de Los Petriciolet, a cuyos integrantes la SSP les atribuye la comisión de al menos 14 secuestros, Mancera constató que no aparecen relacionados los nombres de Sergio Humberto Ortiz Juárez (El Apá) ni el de Lorena González Hernández (La Lore) ni los del resto de los implicados en el secuestro de Fernando Martí, implicados en la investigación de la PGJDF.
A pesar del cúmulo de evidencias que, en el papel, desmoronaban el trabajo realizado por la procuraduría capitalina, Mancera defendió su investigación colgándose de un par de indicios contenidos en el documento de la SSP: que la casa de seguridad mencionada por los detenidos era la misma que algunos de los plagiados por la banda de La Flor habían identificado durante su cautiverio; además, Mancera puso énfasis en las palabras de Noé, quien afirmó que él sólo era parte “de la estructura más baja de la organización” y de que, por lo mismo, “no conoce a todos los integrantes de la misma”.
Sin embargo, lo que Cárdenas Palomino omitió en ese encuentro fue que momentos antes de la conferencia de prensa su jefe, Genaro García Luna, llamó a Alejandro Martí para informarle sobre la detención del asesino de su hijo Fernando e invitarlo a una presentación ante los medios de comunicación. El empresario agradeció la deferencia pero declinó, para no ser comparsa, dijo.
El funcionario federal tampoco le mencionó al procurador capitalino la averiguación previa AP-PGR-SIEDO/UEIS/254/2004 abierta en la PGR por el delito de secuestro y en la que están relacionados El Apá y La Lore.
De regreso al búnker de la colonia Doctores, el procurador Mancera se comunicó por teléfono con el titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, para preguntarle qué sabía sobre el caso y pedirle autorización para interrogar a Noé.
Medina Mora le dijo que no sabía nada más de lo que había escuchado en los medios de comunicación y que la SSP estaba en vías de poner a disposición del Ministro Público federal al asesino confeso de Fernando Martí. Incluso le respondió que en cuanto el detenido estuviera bajo su jurisdicción se lo haría saber.
Por la noche, ya con la información digerida y sin la adrenalina al límite, Mancera buscó a Alejandro Martí para darle su versión de los hechos ocurridos en el curso del día. No entró en detalles, pues el empresario deportivo está enterado de la ruta de la investigación que ha seguido la PGJDF en el caso de su hijo.
Aún así, Mancera hizo hincapié en que la investigación de la SSP no anulaba la de la PGJDF, sino que la complementaba. Alejandro Martí no lo confrontó, incluso se mostró entusiasmado debido a que se había localizado la casa de seguridad donde estuvo secuestrado su hijo. Ese hecho, comentó el empresario, iba a arrojar más pistas para terminar de armar el rompecabezas.
Ese mismo día, el empresario hizo público su voto de confianza al trabajo desarrollado por la PGJDF en el caso de su hijo. Difundió un comunicado en el que aseguraba que las aprehensiones dadas a conocer por la SSP “no deben desestimar” las investigaciones realizadas por la PGJDF y convocó a ambas dependencias a no politizar el asunto.
Un par de días después, el 19 de julio, Mancera convocó en sus oficinas de la colonia Doctores a los integrantes del Consejo Ciudadano. Ahí defendió la investigación realizada por la dependencia a su cargo y reiteró que no se contrapone con la indagatoria que sobre el mismo asunto lleva a cabo la SSP federal.
La defensa de Mancera
Según versiones de algunos de los asistentes al encuentro, Mancera declaró ese día que la casa de seguridad que refieren los detenidos por la SSP federal coincidía con la que señalan diversas víctimas de secuestro de la banda de La Flor y más: que en la declaración de Noé Robles Hernández o Noé Alejandro Soto García quedó claro que forma parte de la estructura más baja de la organización y que no conocía a todos los integrantes de la banda de Los Petriciolet.
Mancera recordó también que la PGJDF nunca hizo público que alguna de las siete personas relacionadas con el caso Martí fuera el asesino material de Fernando.
Así mismo, explicó a los asistentes la ruta de la investigación seguida por la PGJDF que llevó a la consignación penal de los siete detenidos: Sergio Humberto Ortiz Juárez, Lorena González Hernández, Fernando Hernández Santoyo, José Luis Romero Rangel, Marco Antonio Moreno Jiménez, Israel Cañas Ovalle y Noé Cañas Ovalle por los presuntos delitos de secuestro agravado, homicidio del secuestrado en grado de tentativa, robo agravado y delincuencia organizada.
De acuerdo con el pliego de consignación de la PGJDF, en contra de El Apá existe la imputación de una víctima y siete testigos, lo mismo que en el caso de La comandanta Lore. Ambos fueron policías; el primero trabajó en la desaparecida División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIPD) y la PGJDF; la segunda lo hizo en la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) y en la SSP, curiosamente en el área de Inteligencia que hoy dirige Cárdenas Palomino.
A los hermanos Israel y Noé Cañas Ovalle los acusan dos víctimas y tres testigos; al excomandante de la Policía Judicial del Distrito Federal, José Luis Romero Ángel, una víctima y dos testigos; al exagente de la PGJDF Fernando Hernández Santoyo, dos víctimas y dos testigos, y a Marco Antonio Moreno Jiménez, una víctima.
Entre las 104 declaraciones ministeriales del expediente del caso, llama la atención la declaración de un testigo que incrimina a El Apá y a La Lore. Identificado por la PGJDF con el número 4, aseguró que en diciembre de 2007, antes de Navidad, su hijo le comentó que había conocido a unas personas, que, ahora sabe, eran Sergio Ortiz y Lorena Hernández.
En su testimonio también relató que Sergio y Lorena le pidieron pasar armas de Laredo, Texas, a Nuevo Laredo, Tamaulipas. Según él, ambos le dijeron que le pagarían bien por el trabajo. Además, en esa ocasión Lorena se identificó ante el hijo del testigo como la comandante Flor y le dijo que trabajaba en la PGR.
El Apá está relacionado con seis secuestros cometidos por la banda de La Flor. El pasado 24 de julio, Ortiz Juárez ganó un amparo incidental que le concedió el juez 12 de distrito en materia de amparo contra una orden de aprehensión girada por la PGJDF por la presunta comisión de dos secuestros cometidos en 2004 y 2007.
Cuatro días después, el 28, la PGR le cambió la suerte al dictarle auto de formal prisión por su presunta responsabilidad en un secuestro cometido en 2004. En la averiguación previa AP-PGR-SIEDO/UEIS/254/2004 está relacionada también La Lore, quien fuera protegida de Facundo Rosas, exsubsecretario de Estrategia Policial y actual comisionado de la Policía Federal.
