Jesusa Cervantes/PROCESO
Basada en una estrategia ideada por Pedro Aspe, quien fue secretario de Hacienda en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, y avalada por Agustín Carstens, la llamada bursatilización de los recursos federales que se destinan a los estados podría enfrentarse a un fallo adverso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que analiza el proyecto en el caso del estado de Sonora.
Según analistas financieros, esta bursatilización “pone en riesgo” la totalidad del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, además de que representa un negocio monumental para la empresa de Aspe y la banca privada.
Perfilado como un negocio multimillonario en beneficio de la empresa Protego, cuyo propietario es Pedro Aspe Armella, la bursatilización de los fondos federales que se destinan a los estados sigue su marcha imparable. Y lo hace sin considerar que, en el caso de Sonora, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (expediente 163/2007) analiza la probable inconstitucionalidad del plan correspondiente a esa entidad, con el riesgo de invalidarlo junto con las leyes locales que permitieron al gobierno estatal bursatilizar deuda pública y manejar recursos del erario mediante un fideicomiso privado, lo que sentaría un precedente legal que echaría por tierra el proyecto a escala nacional.
Protego es el despacho que asesoró al anterior gobernador de Sonora, Eduardo Bours, en el diseño del llamado Plan Sonora Proyecta, según difundió el 1 de noviembre de 2007 la revista Contralínea y lo denunció en la misma fecha la diputada local Petra Santos Ruiz en periódicos de esa entidad.
Este plan fue presentado como proyecto de ley y aprobado en agosto de 2007 por la fracción priista del Congreso local para crear un fideicomiso de financiamiento que tenía el objetivo de captar 10 mil millones de pesos.
Y aunque Aspe Armella se deslindó del diseño del plan y se lo atribuyó a otro economista, en una carta enviada a la prensa y fechada el 16 de junio, las dudas persisten.
Los impulsores de la acción de inconstitucionalidad del Plan Sonora Proyecta, promovido por Bours, fueron diputados de la LVIII Legislatura de esa entidad según los cuales tal disposición, que dio lugar a reformas a siete leyes locales, es inconstitucional porque anula las facultades del Congreso para revisar las cuentas públicas.
Además, esos legisladores sostuvieron que el “plan Bours” atenta contra la división de poderes al invadir atribuciones del Poder Legislativo del estado.
A nivel nacional, el proyecto fue concebido para mitigar el impacto provocado por la falta de recursos y el desequilibrio en las finanzas públicas. Pero el hecho de bursatilizar los recursos que, por ley, el gobierno federal debe entregar anualmente a las 32 entidades federativas, “comprometió” ante la banca privada el llamado Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) para los próximos 13 años.
El cerebro financiero de esta estrategia fue Pedro Aspe, secretario de Hacienda en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y hoy propietario de Protego Casa de Bolsa.
Mediante una complicada operación bancaria ideada por él, con la participación del secretario de Hacienda, Agustín Carstens, y respaldada por los gobernadores de las 32 entidades, éstas recibirán durante el presente año 45 mil millones de pesos, contra los 13 mil 200 millones de los que tan sólo podía disponer de su caja el gobierno federal.
A cambio, la autoridad federal y los estados deberán pagar intereses trimestrales, durante los 13 años referidos, con una tasa TIIE+1.8%, y pagarán asimismo al agente financiero, Protego, comisiones cuyos porcentajes el gobierno no ha dado a conocer hasta el momento. La razón:
fue justamente en Protego Casa de Bolsa donde el gobierno constituyó un “fideicomiso privado”, en el que se administrarán los fondos del FEIEF. Los contratos que amparan los fideicomisos establecen para éstos una comisión por el monto manejado. Protego Asesores Financieros se dio de alta el 18 de mayo de 2001 en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal con el folio mercantil 275689 y un capital de 50 mil pesos. Como su administrador figura Pedro Aspe Armella. Originalmente, Protego se llamó Proventus Asesores, S.A. de C.V.
Aunque el instrumento financiero se denomina bursatilización del FEIEF, eso no implica que los recursos federales se pongan a jugar en la Bolsa de Valores. Se trata más bien, en términos simples, de una operación en la que el gobierno “respalde, sea aval o contraiga deuda contingente –como se le quiera llamar– ante los bancos para que éstos otorguen en lo inmediato créditos a los estados a fin de que continúen realizando sus obras públicas”, explica el diputado federal por el Partido del Trabajo y analista financiero Mario di Costanzo.
Pero, advierte, es una operación riesgosa porque si bien los estados ya van a recibir con certeza los recursos que el gobierno les debe dar, el gobierno federal, o deudor, está comprometiendo recursos a futuro sin tener la seguridad de que los obtendrá y con la obligación de pagarlos de cualquier modo.
Sin embargo, para Jorge Herrera, diputado federal del PRI y exsecretario de Finanzas de Durango, la operación no es riesgosa porque los bancos tienen la certeza de que se les pagará, y los estados también, porque contarán con el dinero que por ley se les debe entregar.
EL ORIGEN
En diciembre de 2006, ante los altos volúmenes de recursos obtenidos por excedentes petroleros (ingresos adicionales no previstos obtenidos por la venta de petróleo), la Cámara de Diputados decidió constituir un fondo, el llamado FEIEF. El 25% de ese fondo se conforma con todos los tributos que el gobierno federal obtiene y distribuye entre las 32 entidades federativas, y 75% con los excedentes petroleros.
De acuerdo con el fideicomiso establecido por Protego Casa de Bolsa y el gobierno federal, “la crisis económica y la epidemia de la influenza provocada por el virus A/H1N1 ocurrida en la República Mexicana a finales de abril de 2009 han generado una disminución de la recaudación federal participable (cobro de diversos impuestos) y, con ello, una caída en las participaciones federales que corresponden a las entidades federativas y sus municipios respecto de lo presupuestado en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2009”.
El diputado Jorge Herrera subraya que se tenía programado que los estados recibieran 65 mil millones de pesos en 2009; sin embargo, dice, la caída de la recaudación federal y la baja del precio del petróleo provocaron que no hubiera tales recursos, por lo que se generó un “boquete” de 65 mil millones, así que el dinero “no llegaba a los estados y municipios, los cuales tenían serias deudas y no podían pagar nóminas ni continuar con diversas obras públicas”.
El fondo tenía 55 mil millones de pesos, con los que no podían cubrirse los 65 mil millones que debían recibir los estados. De esos 55 mil millones, el gobierno les entregó en abril 13 mil millones de pesos; la siguiente entrega sería de otros 13 mil millones de pesos, con lo que suman 26 mil millones de pesos.
Según las reglas de operación del FEIEF, sólo se pueden retirar 26 mil millones de pesos para los estados, y debe dejarse un remanente, pues el fondo no puede quedar en ceros.
De acuerdo con el informe trimestral de finanzas públicas de la SHCP, hasta junio de 2009 el fondo tenía 29 mil millones de pesos, de ahí que se sostenga que el fondo tenía sólo 55 mil millones de pesos en caja.
Aunque se entregaran los 26 mil millones de pesos a los estados –continúa Herrera– seguiría existiendo un faltante de 39 mil millones de pesos que los estados ya no iban a recibir por falta de recursos.
LA OPERACIÓN
Asesorados por Protego, la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago), que preside el gobernador de Durango, Ismael Hernández Deras; la Comisión de Hacienda de la misma agrupación, que encabeza el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, y el coordinador de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, Cristian Rodallegas Hinojosa, secretario de Finanzas de Chihuahua, propusieron a la Secretaría de Hacienda “su apoyo” para potenciar los recursos del FEIEF “y con ello mitigar dicha caída” (de recursos), se lee en el fideicomiso.
Potenciar esos recursos, explica el diputado Jorge Herrera, es el equivalente de bursatilizarlos.
En cuanto a los últimos 13 mil millones que faltaba entregar a los estados del FEIEF 2009, explica: “Se decidió que los aportáramos a un fideicomiso privado. A cambio los gobiernos recibirían de los bancos préstamos adicionales por 32 mil millones de pesos. En total los estados recibirán 45 mil millones de pesos, por lo que el boquete ya no será de 65 mil millones de pesos, sino de tan sólo 20 mil millones en este 2009”.
El acuerdo se materializó en dos partes: primero se formó un fideicomiso entre el gobierno federal, a través de Banobras, y Protego, donde ocho bancos (incluido Banobras) entregarían en el acto 40 mil millones de pesos para que fueran distribuidos entre las 32 entidades federativas.
La lista de instituciones bancarias y los montos que entregaron es el siguiente: Banamex (7 mil 500 millones de pesos), Banco del Bajío (mil millones), BBVA Bancomer (11 mil millones), HSBC
(5 mil millones), Inbursa (9 mil millones), Santander (mil millones), Scotiabank (mil millones) y Banobras (4 mil 500 millones de pesos).
La segunda parte del acuerdo consistió en la firma de un convenio entre cada una de las entidades federativas y Hacienda a través del agente financiero Protego Casa de Bolsa, mediante el cual las entidades acceden a aportar lo que les corresponde de recursos del FEIEF (los 13 mil millones de pesos), a cambio de lo cual recibirán la misma cifra, más lo que les correspondería por los siguientes años.
A este acuerdo se le denominó “Convenio de colaboración para la entrega de recursos a nombre y por cuenta de tercero y por el que se establece un mecanismo de compensación de adeudos que celebran por una parte el gobierno federal, por conducto de la SHCP, a la que en lo sucesivo se le denominará la ‘secretaría’, representada por su titular Agustín Guillermo Carstens Carstens, y por la otra el gobierno del estado, al que en lo sucesivo se le denominará la ‘entidad federativa’, representada por los secretarios de Gobierno y de Finanzas”.
En el convenio se establece que “las entidades federativas que accedan de manera voluntaria a dicho mecanismo podrán obtener mayores recursos en el presente ejercicio, a cambio de recursos actuales y futuros que les correspondan con cargo al FEIEF, y con ello mitigar la caída de las participaciones federales del presente ejercicio”.
Y enseguida aparece el dato revelador que comprueba que Protego es el agente financiero tanto a nivel federal como local: “mediante el mecanismo señalado, una parte de los recursos que corresponda recibir a las entidades federativas con cargo al FEIEF, relativos a la segunda compensación de 2009 (los 13 mil millones de pesos) y los recursos futuros de dicho fondo,
que les correspondan, en términos de la normativa aplicable, se cederán al fideicomiso privado número F/0001 constituido por tercero en Protego Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (el fideicomiso)”.
Con este convenio, quien ahora maneja el FEIEF no es el gobierno, sino un fideicomiso constituido en Protego, sostiene el legislador petista Mario di Costanzo.
Su aseveración se basa en la lectura de la cláusula VI del convenio con los estados, en donde se establece que las entidades federativas autorizan a que “la secretaría (Hacienda) entregue al fideicomiso los recursos que corresponda recibir con cargo al FEIEF, a cambio de los cuales las citadas entidades recibirán una contraprestación”.
Lo anterior significa que el gobierno federal entregó a Protego los 13 mil millones de pesos y, a su vez, este agente financiero negoció con los ocho bancos para que les den a los estados dinero fresco, a través de créditos, por 32 mil millones de pesos, cifra que, sumada a los 13 mil millones iniciales, da un total de 45 mil millones de pesos.
Esos 32 mil millones son lo que se denomina “recursos generadores” por la bursatilización del dinero concentrado en el FEIEF.
PARTIDAS COMPROMETIDAS
El lunes 14 de septiembre, Hacienda emitió un comunicado en el que calificó la medida como “innovadora”, pero no reveló los años de vigencia que tendrá el contrato. Quien lo hizo fue la empresa internacional Fitch Ratings: declaró que es por 13 años y, además, catalogó la operación como AAA, es decir, de bajo riesgo.
Lo anterior significa que los gobiernos recibieron un crédito a un plazo de 13 años con una tasa de interés TIIE+1.8%. El gobierno federal respalda la deuda de los estados, y para cubrir los pagos echará mano de los fondos del FEIEF que en dicho plazo se entregarán a los estados.
Di Costanzo explica que la calificadora Fitch Ratings otorga la categoría AAA, es decir, de bajo riesgo, debido a que los bancos tienen garantizados los pagos durante el periodo referido, más la entrega de los intereses trimestrales.
“Para los bancos –puntualiza– es un negociazo. Ellos siempre van a recibir los pagos y los estados ya no sufrirán por la entrega de sus recursos porque el banco les estará dando en el momento lo que en años subsecuentes les debiera dar el gobierno federal”.
Sin embargo, advierte, el riesgo es para el gobierno, pues al ser el aval para el préstamo compromete los recursos a futuro del FEIEF; y como el fondo se compone en 75% de los ingresos por excedentes petroleros y el gobierno no puede tener la certeza de que éstos van a existir –como no han existido desde octubre de 2008, cuando se desató la crisis mundial–, “se está comprometiendo a pagar un dinero que no tiene”.
La anterior es, según Di Costanzo, “una operación ficticia; y las preguntas son: ¿de dónde va a sacar el dinero para responder cuando no existan los recursos?, ¿de qué partidas lo va a tomar o qué programas va a afectar? Ese es el problema”.
Otro riesgo, advierte, es que trimestre con trimestre, año con año, el gobierno va a tomar un porcentaje (hasta de 4%) del dinero del fondo para ir cubriendo sus compromisos con los bancos, “pero resulta que las participaciones son un bien público porque es dinero de todos los mexicanos, y por lo mismo no se puede dar en garantía a los bancos para respaldar los créditos que den a los estados”.
Exclama: “¡Imagínense si (el gobierno) no paga y que al estado le embargan sus participaciones! ¡Lo paralizan! Ya no hará obras; pero los ciudadanos no tienen la culpa de no recibir los servicios. Por todo esto las participaciones son intocables, son inembargables”.
El otro problema es que TIIE (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio) significa que la tasa es variable; es decir que si el mercado se mueve, la tasa de 1.8% puede aumentar y el gobierno tendría que pagar más cada trimestre por concepto de intereses, asegura Di Costanzo.
El diputado priista Jorge Herrera considera que la tasa es baja, pues, explica, si un estado hubiera hecho solo esta operación, y no con toda la federación, aquella hubiera sido TIIE+4%.
En contraparte, Di Costanzo afirma que 1.8% sí es un porcentaje alto, ya que el gobierno, cuando emite deuda en bonos del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), lo hace con una tasa de 0.4% y no de 1.8%, “y esto es porque no utiliza agentes financieros y en este caso sí, se está utilizando a Protego; a Pedro Aspe, que es quien también gana por el manejo del fideicomiso”.
Basada en una estrategia ideada por Pedro Aspe, quien fue secretario de Hacienda en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, y avalada por Agustín Carstens, la llamada bursatilización de los recursos federales que se destinan a los estados podría enfrentarse a un fallo adverso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que analiza el proyecto en el caso del estado de Sonora.
Según analistas financieros, esta bursatilización “pone en riesgo” la totalidad del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, además de que representa un negocio monumental para la empresa de Aspe y la banca privada.
Perfilado como un negocio multimillonario en beneficio de la empresa Protego, cuyo propietario es Pedro Aspe Armella, la bursatilización de los fondos federales que se destinan a los estados sigue su marcha imparable. Y lo hace sin considerar que, en el caso de Sonora, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (expediente 163/2007) analiza la probable inconstitucionalidad del plan correspondiente a esa entidad, con el riesgo de invalidarlo junto con las leyes locales que permitieron al gobierno estatal bursatilizar deuda pública y manejar recursos del erario mediante un fideicomiso privado, lo que sentaría un precedente legal que echaría por tierra el proyecto a escala nacional.
Protego es el despacho que asesoró al anterior gobernador de Sonora, Eduardo Bours, en el diseño del llamado Plan Sonora Proyecta, según difundió el 1 de noviembre de 2007 la revista Contralínea y lo denunció en la misma fecha la diputada local Petra Santos Ruiz en periódicos de esa entidad.
Este plan fue presentado como proyecto de ley y aprobado en agosto de 2007 por la fracción priista del Congreso local para crear un fideicomiso de financiamiento que tenía el objetivo de captar 10 mil millones de pesos.
Y aunque Aspe Armella se deslindó del diseño del plan y se lo atribuyó a otro economista, en una carta enviada a la prensa y fechada el 16 de junio, las dudas persisten.
Los impulsores de la acción de inconstitucionalidad del Plan Sonora Proyecta, promovido por Bours, fueron diputados de la LVIII Legislatura de esa entidad según los cuales tal disposición, que dio lugar a reformas a siete leyes locales, es inconstitucional porque anula las facultades del Congreso para revisar las cuentas públicas.
Además, esos legisladores sostuvieron que el “plan Bours” atenta contra la división de poderes al invadir atribuciones del Poder Legislativo del estado.
A nivel nacional, el proyecto fue concebido para mitigar el impacto provocado por la falta de recursos y el desequilibrio en las finanzas públicas. Pero el hecho de bursatilizar los recursos que, por ley, el gobierno federal debe entregar anualmente a las 32 entidades federativas, “comprometió” ante la banca privada el llamado Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) para los próximos 13 años.
El cerebro financiero de esta estrategia fue Pedro Aspe, secretario de Hacienda en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y hoy propietario de Protego Casa de Bolsa.
Mediante una complicada operación bancaria ideada por él, con la participación del secretario de Hacienda, Agustín Carstens, y respaldada por los gobernadores de las 32 entidades, éstas recibirán durante el presente año 45 mil millones de pesos, contra los 13 mil 200 millones de los que tan sólo podía disponer de su caja el gobierno federal.
A cambio, la autoridad federal y los estados deberán pagar intereses trimestrales, durante los 13 años referidos, con una tasa TIIE+1.8%, y pagarán asimismo al agente financiero, Protego, comisiones cuyos porcentajes el gobierno no ha dado a conocer hasta el momento. La razón:
fue justamente en Protego Casa de Bolsa donde el gobierno constituyó un “fideicomiso privado”, en el que se administrarán los fondos del FEIEF. Los contratos que amparan los fideicomisos establecen para éstos una comisión por el monto manejado. Protego Asesores Financieros se dio de alta el 18 de mayo de 2001 en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal con el folio mercantil 275689 y un capital de 50 mil pesos. Como su administrador figura Pedro Aspe Armella. Originalmente, Protego se llamó Proventus Asesores, S.A. de C.V.
Aunque el instrumento financiero se denomina bursatilización del FEIEF, eso no implica que los recursos federales se pongan a jugar en la Bolsa de Valores. Se trata más bien, en términos simples, de una operación en la que el gobierno “respalde, sea aval o contraiga deuda contingente –como se le quiera llamar– ante los bancos para que éstos otorguen en lo inmediato créditos a los estados a fin de que continúen realizando sus obras públicas”, explica el diputado federal por el Partido del Trabajo y analista financiero Mario di Costanzo.
Pero, advierte, es una operación riesgosa porque si bien los estados ya van a recibir con certeza los recursos que el gobierno les debe dar, el gobierno federal, o deudor, está comprometiendo recursos a futuro sin tener la seguridad de que los obtendrá y con la obligación de pagarlos de cualquier modo.
Sin embargo, para Jorge Herrera, diputado federal del PRI y exsecretario de Finanzas de Durango, la operación no es riesgosa porque los bancos tienen la certeza de que se les pagará, y los estados también, porque contarán con el dinero que por ley se les debe entregar.
EL ORIGEN
En diciembre de 2006, ante los altos volúmenes de recursos obtenidos por excedentes petroleros (ingresos adicionales no previstos obtenidos por la venta de petróleo), la Cámara de Diputados decidió constituir un fondo, el llamado FEIEF. El 25% de ese fondo se conforma con todos los tributos que el gobierno federal obtiene y distribuye entre las 32 entidades federativas, y 75% con los excedentes petroleros.
De acuerdo con el fideicomiso establecido por Protego Casa de Bolsa y el gobierno federal, “la crisis económica y la epidemia de la influenza provocada por el virus A/H1N1 ocurrida en la República Mexicana a finales de abril de 2009 han generado una disminución de la recaudación federal participable (cobro de diversos impuestos) y, con ello, una caída en las participaciones federales que corresponden a las entidades federativas y sus municipios respecto de lo presupuestado en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2009”.
El diputado Jorge Herrera subraya que se tenía programado que los estados recibieran 65 mil millones de pesos en 2009; sin embargo, dice, la caída de la recaudación federal y la baja del precio del petróleo provocaron que no hubiera tales recursos, por lo que se generó un “boquete” de 65 mil millones, así que el dinero “no llegaba a los estados y municipios, los cuales tenían serias deudas y no podían pagar nóminas ni continuar con diversas obras públicas”.
El fondo tenía 55 mil millones de pesos, con los que no podían cubrirse los 65 mil millones que debían recibir los estados. De esos 55 mil millones, el gobierno les entregó en abril 13 mil millones de pesos; la siguiente entrega sería de otros 13 mil millones de pesos, con lo que suman 26 mil millones de pesos.
Según las reglas de operación del FEIEF, sólo se pueden retirar 26 mil millones de pesos para los estados, y debe dejarse un remanente, pues el fondo no puede quedar en ceros.
De acuerdo con el informe trimestral de finanzas públicas de la SHCP, hasta junio de 2009 el fondo tenía 29 mil millones de pesos, de ahí que se sostenga que el fondo tenía sólo 55 mil millones de pesos en caja.
Aunque se entregaran los 26 mil millones de pesos a los estados –continúa Herrera– seguiría existiendo un faltante de 39 mil millones de pesos que los estados ya no iban a recibir por falta de recursos.
LA OPERACIÓN
Asesorados por Protego, la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago), que preside el gobernador de Durango, Ismael Hernández Deras; la Comisión de Hacienda de la misma agrupación, que encabeza el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, y el coordinador de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, Cristian Rodallegas Hinojosa, secretario de Finanzas de Chihuahua, propusieron a la Secretaría de Hacienda “su apoyo” para potenciar los recursos del FEIEF “y con ello mitigar dicha caída” (de recursos), se lee en el fideicomiso.
Potenciar esos recursos, explica el diputado Jorge Herrera, es el equivalente de bursatilizarlos.
En cuanto a los últimos 13 mil millones que faltaba entregar a los estados del FEIEF 2009, explica: “Se decidió que los aportáramos a un fideicomiso privado. A cambio los gobiernos recibirían de los bancos préstamos adicionales por 32 mil millones de pesos. En total los estados recibirán 45 mil millones de pesos, por lo que el boquete ya no será de 65 mil millones de pesos, sino de tan sólo 20 mil millones en este 2009”.
El acuerdo se materializó en dos partes: primero se formó un fideicomiso entre el gobierno federal, a través de Banobras, y Protego, donde ocho bancos (incluido Banobras) entregarían en el acto 40 mil millones de pesos para que fueran distribuidos entre las 32 entidades federativas.
La lista de instituciones bancarias y los montos que entregaron es el siguiente: Banamex (7 mil 500 millones de pesos), Banco del Bajío (mil millones), BBVA Bancomer (11 mil millones), HSBC
(5 mil millones), Inbursa (9 mil millones), Santander (mil millones), Scotiabank (mil millones) y Banobras (4 mil 500 millones de pesos).
La segunda parte del acuerdo consistió en la firma de un convenio entre cada una de las entidades federativas y Hacienda a través del agente financiero Protego Casa de Bolsa, mediante el cual las entidades acceden a aportar lo que les corresponde de recursos del FEIEF (los 13 mil millones de pesos), a cambio de lo cual recibirán la misma cifra, más lo que les correspondería por los siguientes años.
A este acuerdo se le denominó “Convenio de colaboración para la entrega de recursos a nombre y por cuenta de tercero y por el que se establece un mecanismo de compensación de adeudos que celebran por una parte el gobierno federal, por conducto de la SHCP, a la que en lo sucesivo se le denominará la ‘secretaría’, representada por su titular Agustín Guillermo Carstens Carstens, y por la otra el gobierno del estado, al que en lo sucesivo se le denominará la ‘entidad federativa’, representada por los secretarios de Gobierno y de Finanzas”.
En el convenio se establece que “las entidades federativas que accedan de manera voluntaria a dicho mecanismo podrán obtener mayores recursos en el presente ejercicio, a cambio de recursos actuales y futuros que les correspondan con cargo al FEIEF, y con ello mitigar la caída de las participaciones federales del presente ejercicio”.
Y enseguida aparece el dato revelador que comprueba que Protego es el agente financiero tanto a nivel federal como local: “mediante el mecanismo señalado, una parte de los recursos que corresponda recibir a las entidades federativas con cargo al FEIEF, relativos a la segunda compensación de 2009 (los 13 mil millones de pesos) y los recursos futuros de dicho fondo,
que les correspondan, en términos de la normativa aplicable, se cederán al fideicomiso privado número F/0001 constituido por tercero en Protego Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (el fideicomiso)”.
Con este convenio, quien ahora maneja el FEIEF no es el gobierno, sino un fideicomiso constituido en Protego, sostiene el legislador petista Mario di Costanzo.
Su aseveración se basa en la lectura de la cláusula VI del convenio con los estados, en donde se establece que las entidades federativas autorizan a que “la secretaría (Hacienda) entregue al fideicomiso los recursos que corresponda recibir con cargo al FEIEF, a cambio de los cuales las citadas entidades recibirán una contraprestación”.
Lo anterior significa que el gobierno federal entregó a Protego los 13 mil millones de pesos y, a su vez, este agente financiero negoció con los ocho bancos para que les den a los estados dinero fresco, a través de créditos, por 32 mil millones de pesos, cifra que, sumada a los 13 mil millones iniciales, da un total de 45 mil millones de pesos.
Esos 32 mil millones son lo que se denomina “recursos generadores” por la bursatilización del dinero concentrado en el FEIEF.
PARTIDAS COMPROMETIDAS
El lunes 14 de septiembre, Hacienda emitió un comunicado en el que calificó la medida como “innovadora”, pero no reveló los años de vigencia que tendrá el contrato. Quien lo hizo fue la empresa internacional Fitch Ratings: declaró que es por 13 años y, además, catalogó la operación como AAA, es decir, de bajo riesgo.
Lo anterior significa que los gobiernos recibieron un crédito a un plazo de 13 años con una tasa de interés TIIE+1.8%. El gobierno federal respalda la deuda de los estados, y para cubrir los pagos echará mano de los fondos del FEIEF que en dicho plazo se entregarán a los estados.
Di Costanzo explica que la calificadora Fitch Ratings otorga la categoría AAA, es decir, de bajo riesgo, debido a que los bancos tienen garantizados los pagos durante el periodo referido, más la entrega de los intereses trimestrales.
“Para los bancos –puntualiza– es un negociazo. Ellos siempre van a recibir los pagos y los estados ya no sufrirán por la entrega de sus recursos porque el banco les estará dando en el momento lo que en años subsecuentes les debiera dar el gobierno federal”.
Sin embargo, advierte, el riesgo es para el gobierno, pues al ser el aval para el préstamo compromete los recursos a futuro del FEIEF; y como el fondo se compone en 75% de los ingresos por excedentes petroleros y el gobierno no puede tener la certeza de que éstos van a existir –como no han existido desde octubre de 2008, cuando se desató la crisis mundial–, “se está comprometiendo a pagar un dinero que no tiene”.
La anterior es, según Di Costanzo, “una operación ficticia; y las preguntas son: ¿de dónde va a sacar el dinero para responder cuando no existan los recursos?, ¿de qué partidas lo va a tomar o qué programas va a afectar? Ese es el problema”.
Otro riesgo, advierte, es que trimestre con trimestre, año con año, el gobierno va a tomar un porcentaje (hasta de 4%) del dinero del fondo para ir cubriendo sus compromisos con los bancos, “pero resulta que las participaciones son un bien público porque es dinero de todos los mexicanos, y por lo mismo no se puede dar en garantía a los bancos para respaldar los créditos que den a los estados”.
Exclama: “¡Imagínense si (el gobierno) no paga y que al estado le embargan sus participaciones! ¡Lo paralizan! Ya no hará obras; pero los ciudadanos no tienen la culpa de no recibir los servicios. Por todo esto las participaciones son intocables, son inembargables”.
El otro problema es que TIIE (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio) significa que la tasa es variable; es decir que si el mercado se mueve, la tasa de 1.8% puede aumentar y el gobierno tendría que pagar más cada trimestre por concepto de intereses, asegura Di Costanzo.
El diputado priista Jorge Herrera considera que la tasa es baja, pues, explica, si un estado hubiera hecho solo esta operación, y no con toda la federación, aquella hubiera sido TIIE+4%.
En contraparte, Di Costanzo afirma que 1.8% sí es un porcentaje alto, ya que el gobierno, cuando emite deuda en bonos del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), lo hace con una tasa de 0.4% y no de 1.8%, “y esto es porque no utiliza agentes financieros y en este caso sí, se está utilizando a Protego; a Pedro Aspe, que es quien también gana por el manejo del fideicomiso”.
