lunes, 28 de septiembre de 2009

LA SOMBRA PRESIDENCIAL

Ricardo Ravelo/PROCESO

Creada en noviembre de 2001, la Agencia Federal de Investigación (AFI) que fue infestada por los intereses del narcotráfico y desaparecida en mayo de 2009, sigue pagando su salario a quien la fundó y encabezó antes de convertirse en el todopoderoso secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna.
Acusado de nepotismo, enriquecimiento ilícito y nexos con el narcotráfico, García Luna, quien durante la glosa del tercer informe de gobierno de Felipe Calderón tuvo que afrontar severos cuestionamientos de los diputados durante ocho horas, recibió la pregunta directa del diputado Francisco Cárdenas en el sentido de por qué en las bases de datos de las computadoras él sigue apareciendo como coordinador general de la AFI, con su clave presupuestal, lo que equivale a que su salario por esa función sigue vigente.
Y aunque el secretario de Seguridad Pública no respondió a esa pregunta, documentos a los que accedió Proceso muestran que, por lo menos hasta el miércoles 2, García Luna seguía fungiendo como titular de la AFI y presuntamente cobrando como tal, pues no ha sido dado de baja del sistema conocido como “Persons”, según consta en un Reporte individual de incidencias.
En dicho documento –que tiene el membrete de la PGR y enseguida refiere que corresponde a la Agencia Federal de Investigaciones– se apunta: “García Luna Genaro. RFC: GALG680710”.
Y luego aparecen, entre otros datos, los siguientes: “Clave presupuestal: CFJB001. Adscripción Actual: Coordinador General de la AFI”.
Y pese a que, en su comparecencia, García Luna pareció ignorar las acusaciones de nepotismo, ineficiencia e impreparación de su personal que le hacían los diputados, Proceso obtuvo al respecto la siguiente información:
Luis Cárdenas Palominos, brazo derecho de García Luna, ha habilitado a personal de su confianza, como a su chofer y a su ayudante, Israel Espinoza Ruiz y Raúl Pérez Ocaña, respectivamente, como altos funcionarios de investigación en la SSP sin que hayan tenido una carrera policíaca.
Ambos provienen de la AFI y, de acuerdo con sus antecedentes, siempre han trabajado a la sombra de Cárdenas Palominos. Así, con sólo estudios de bachillerato, Espinoza Ruiz aparece actualmente en la SSP como director de Secuestros, mientras que Pérez Ocaña –quien cargaba maletas y llevaba y traía recados de Cárdenas Palominos cuando éste era funcionario de la PGR– actualmente figura como director del área de Investigación Técnica de la SSP.
Pérez Ocaña está hoy encargado de realizar, entre otras tareas, las investigaciones sobre casos de indocumentados, terrorismo y todo lo relacionado con el tema del tráfico de armas. De acuerdo con su ficha, en la AFI –donde sigue registrado– tiene la clave presupuestal CFM002, y el 28 de mayo de este año todavía presentó una declaración patrimonial en la que asienta que no tiene propiedades a su nombre.
Un caso más escandaloso relacionado con la AFI es el de la comandante Lorena González Hernández, quien fue detenida en septiembre de 2008 acusada de brindar protección a bandas de secuestradores –presuntamente había protegido a los plagiarios y homicidas del joven Fernando Martí–, estaba registrada como agente de la AFI y devengaba su salario como personal activo de esa corporación, de acuerdo también con un Reporte Individual de Incidencias y datos del sistema “Persons”.
LA COMPARECENCIA
Durante la comparecencia de García Luna en la Cámara de Diputados el jueves 24, legisladores de diversos partidos reprobaron la estrategia del gobierno federal contra el crimen organizado “por fallida”.
El diputado Francisco Cárdenas, quien le preguntó por qué de acuerdo con las computadoras tiene un salario vigente de la AFI, interrogó asimismo al titular de la SSP sobre la incorporación de sus hermanas como funcionarias de la dependencia con un salario casi del mismo nivel que el de Felipe Calderón, y, para rematar, lo cuestionó: “¿Por qué señaló a la revista Proceso, ante la opinión pública, como integrante de los recursos con que opera la organización delictiva La Familia?”.
Sobre el salario que al parecer sigue cobrando en la AFI, aunque ya haya desaparecido, García Luna guardó silencio. Lacónico y con una pronunciación entrecortada, dijo que es falso que una hermana suya tenga un puesto y un salario en la SSP, y “respecto a la fotografía en la que se implica a Proceso como parte de las armas de La Familia, quiero decir que se aseguró a un presunto narcotraficante que entre sus bienes, al momento de ponerlo a disposición del Ministerio Público Federal, traía artículos, y dentro de ellos esta revista. No tiene ningún sentido: es una referencia específica; sólo es obligación institucional poner a disposición del Ministerio Público todos los objetos que tenga el presunto delincuente”.
El diputado Fernández Noroña lo encaró: “Le pregunto a García Luna: ¿Cómo construye una casa de 20 millones de pesos, cuando su sueldo no da para eso? ¿De dónde sale ese dinero? ¿De los decomisos? ¿Del crimen organizado? ¿Del crimen desorganizado que encabeza? ¿De dónde sale todo esto?”.
Ante esa andanada, García Luna guardó silencio. La mayor parte del tiempo se la pasó sin comer, sin tomar agua, jugando continuamente con su pluma y en ocasiones secando el sudor de su rostro.
Pero en su discurso, García Luna, quien ha sido el policía más poderoso del sexenio, aunque se le han atribuido nexos con los hermanos Beltrán Leyva y Los Zetas, aprovechó su presencia ante los diputados para plantear el proyecto de transformar las 2 mil 22 policías municipales del país en 32 cuerpos policiacos que serían, dijo, supervisados por la Policía Federal a su cargo.
La propuesta fue abucheada por diputados de diferentes fracciones, con el argumento de que García Luna quiere aún más poder cuando el gobierno se ha mostrado incapaz de frenar a la delincuencia organizada y con el dato de que la lucha contra el crimen ha dejado en los tres años transcurridos del sexenio un saldo de alrededor de 13 mil muertos sin que el narco haya sido debilitado.
CARTA IGNORADA
El presidente Felipe Calderón había recibido informes previos –sin ninguna consecuencia– sobre el cúmulo de fallas y la descomposición que enfrentó la AFI antes de ser fusionada con la PFP.
Agentes de la AFI que enviaron una carta al presidente Felipe Calderón le advirtieron sobre “el desmantelamiento de la AFI y el desvío de recursos”. Le dijeron que estaban recibiendo “amenazas y hostigamientos para hacernos renunciar a la AFI y contratarnos en la SSP”.
Y agregaron: “Sabemos que la encargada de la SIEDO ha ordenado que el trabajo se comience a mandar a la Policía Federal (a pesar) de que (la nueva corporación) no cuenta con un sustento legal”.
“Quizá usted ignore y desconozca, o tal vez quiere ignorar por algo, el negro historial con el que cuentan Genaro García Luna y todos aquellos que son sus allegados. Tal vez ignore el desvío millonario de recursos financieros que van a parar a manos de todos los que están con García Luna, quien permite y aprueba el robo en despoblado al erario.”
Pidieron al presidente Calderón practicar una auditoría y una investigación sobre delitos como tráfico de influencias, homicidios, secuestros, robos, extorsiones, amenazas, lesiones y desvío de recursos.
Y tras asegurar que “son claras las conexiones” de García Luna “con la delincuencia organizada que azota a la sociedad”, la misiva indica que aquéllas “son bien comprobables, y basta ver a qué cárteles de la droga dice que les asesta golpes y al mismo tiempo a cuáles ni se les molesta”.
Para más adelante precisar: “Las muertes de gente como Édgar Millán Gómez e Igor Labastida Calderón (asesinados el 9 de mayo y el 27 de junio de 2008, respectivamente) no fueron producto de la casualidad, ya que la orden vino del crimen organizado, pero la ejecución fue planeada al interior de la misma SSP…”.
La carta también indica que, con su proyecto de unificar la AFI y la PFP, García Luna no se proponía “abatir el delito ni frenar al narco”, sino convertirse en el mando absoluto de una sola policía y controlar todo el país.
Los agentes exponen: “Lo único que (ahora sí) queda claro es que Genaro García, apoyado por su gente de confianza en todos los puestos jerárquicos, tiene el control absoluto de fronteras, puertos, aeropuertos, caminos y las investigaciones sobre delincuencia organizada. Así tiene la seguridad de que nada ni nadie podría hacer nada en contra suya.
“Este es el verdadero propósito de la unificación de las policías de México, proyecto que García Luna le vendió a usted, señor presidente, y que ahora vemos que (usted) le otorga toda su confianza a un hombre que ha generado más dudas que resultados, por lo que ahora comenzamos a preguntarnos si será cierto que le debe la Presidencia (de la República) a Genaro García…”
Entrevistado por Proceso, el agente federal Juan Manuel Peña Aguirre afirma a su vez que los males que acabaron con la AFI fueron propiciados precisamente por su mismo creador, Genaro García Luna, quien “minó las capacidades de la corporación desde el inicio de la actual administración”.
Ahora, prosigue, García Luna y su camarilla –que incluye en primer término a Luis Cárdenas Palominos, coordinador general de Inteligencia para la Prevención del Delito– ya controlan todas las actividades de seguridad en la República sin limitación alguna.
Por ejemplo, puntualiza, García Luna ejerce férreos controles en puertos y aeropuertos; también vigila carreteras; decide la protección de edificios que, según su propio criterio, son considerados de “alta vulnerabilidad”. Con la Policía Federal como instrumento, realiza tareas preventivas y tiene el control absoluto de las investigaciones relacionadas con la delincuencia organizada, a pesar de que la PGR cuenta con unos 4 mil elementos incrustados en lo que ahora se denomina la Policía Federal Ministerial.
De ese modo, señala, García Luna y su fuerza policiaca –a la que ya se le ve como un símil del Ejército por la capacidad de despliegue y la influencia que tiene en Los Pinos– concentra en sus manos las tareas de investigación sobre narcotráfico, terrorismo y secuestros, entre otras, lo que consiguió a partir de que Marisela Morales asumió la titularidad de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
Pero de acuerdo con una carta enviada el 18 de noviembre de 2008 a Juan Francisco Rivera Bedolla, entonces presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, el poder que ejerce García Luna no se traduce en beneficios para la sociedad, pues la violencia sigue imparable y el narcotráfico continúa boyante en el territorio nacional.