Jesusa Cervantes/PROCESO
El 29 de julio pasado, en el centro de mando de la Policía Federal, ubicado en la delegación Iztapalapa del Distrito Federal, el jefe de la División Antidrogas, Ramón Pequeño, presentó ante los medios de comunicación a seis presuntos integrantes del grupo delictivo La Familia.
Entre las evidencias, y frente a los detenidos, el jefe policiaco exhibió fusiles automáticos “cuerno de chivo”, munición, fajos de billetes, equipo de radiocomunicación y una memoria USB que incluía reportes sobre la venta de droga y extorsión. Pero además, en primer plano, colocó cuatro números de Proceso.
El jueves 24, tras casi dos meses de aquella maniobra mediática, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, compareció en la Cámara de Diputados como parte de la Glosa del Tercer Informe de gobierno de Felipe Calderón. Llevaba poco más de cinco horas evadiendo cuestionamientos sobre la inseguridad que prevalece en el país y aguantando reclamos por el fracaso de su estrategia para combatir al narcotráfico, así como el auge de los secuestros y las ejecuciones.
Durante la segunda ronda de preguntas, el diputado federal por el Partido del Trabajo Jaime Cárdenas Gracia le planteó 10 puntos a García Luna, entre ellos el siguiente:
–¿Por qué señaló a la revista Proceso, ante la opinión pública, como integrante de los recursos con que opera la organización delictiva La Familia michoacana?
–Señor diputado, voy a contestar una a una sus preguntas de manera puntual –respondió el secretario consentido de Calderón.
Cuando llegó el turno a la pregunta citada, dijo:
“Respecto a la fotografía a que hace referencia en la revista Proceso, quiero decir a usted, que se aseguró a un presunto narcotraficante que entre sus bienes, al momento de ponerlo a disposición del Ministerio Público, traía diferentes artículos, y dentro de ellos esta revista.”
Como en un susurro, y al parecer tratando de minimizar su orden de presentar a este semanario como un instrumento de la organización criminal, agregó:
“No tiene ningún sentido, es una referencia específica. Sólo es de obligación institucional que tenemos que poner a disposición del Ministerio Público todos los objetos que tenga el presunto delincuente.”
PRESUNTO DAÑO MORAL
Insatisfecho con la respuesta del secretario de Seguridad Pública, el diputado Jaime Cárdenas, que es abogado, dice en entrevista que la maniobra policiaca tuvo como objeto afectar a la revista.
“Hice la pregunta porque considero que parte de la estrategia del actual gobierno federal y de García Luna es la utilización de los medios de comunicación para mostrar con espectacularidad las acciones realizadas. Con sus actos de propaganda, que no obedecen a un efectivo combate al narcotráfico, a García Luna no le importa violar derechos de terceros, y en el caso de Proceso, dar a entender que es una revista vinculada al crimen organizado”, explica el legislador.
“Queríamos que desde la tribuna se mostrara si el uso de la propaganda y el vincular a la revista fuera para afectar a Proceso. Con su respuesta (García Luna) nos demostró que sí hubo una intención y que, desde su lógica, la de la Secretaría de Seguridad Pública que encabeza, se considera que Proceso es la revista leída por los narcotraficantes”, agrega.
Desde el punto de vista legal, dice el diputado, “con esta acción se desprende que hay una afectación a la revista que puede implicar daño moral e indemnización correspondiente. Se intentó afectar la honra que la revista ha forjado durante 30 años, así como el profesionalismo de sus periodistas. Esto nos demostró que García Luna puede violar derechos de gente ajena a las investigaciones que realiza.
“Queríamos ver cuál es el límite del secretario. Su respuesta y su acto nos demostraron que hubo un exceso al asegurar, exhibir y tratar de desprestigiar a Proceso al presentarla como un instrumento del delito”, señala.
Además, el legislador niega que se deban dar a conocer “todos los bienes del presunto inculpado al momento de la detención”, como argumentó García Luna. Ante las autoridades ministeriales, aclara, se muestran los bienes “que se relacionan con el supuesto delito, no aquellos que no están vinculados”.
Aunque breve y sin fundamentos legales para justificar su intento de sugerir un vínculo de Proceso con La Familia, la respuesta de García Luna sobre el particular fue una de las pocas que se dignó ofrecer en las siete horas de su comparecencia. En general ignoró las críticas, evadió las preguntas y minimizó los reclamos con la ayuda del PAN.
Desde el inicio de la sesión, los legisladores panistas trataron de exponer lo menos posible al polémico secretario a la avalancha de cuestionamientos de la mayoría opositora. Tuvieron éxito: si acaso, García Luna habló una hora. El resto del tiempo lo consumieron el PAN y el PRI en sus acusaciones mutuas de mantener vínculos con el crimen organizado.
Entre tanto, el secretario compareciente pasó de actor principal a espectador secundario. El también diputado petista Porfirio Muñoz Ledo lo llamó “el convidado de piedra”.
Por lo pronto, el abogado y diputado federal Jaime Cárdenas Gracia sostiene que con esa declaración del funcionario policiaco, este semanario cuenta con elementos para interponer una demanda civil por el daño moral que le causó la autoridad al presentarla como instrumento de un cártel. “El resultado sería que un juez ordenara a Genaro García Luna deslindar, de manera pública, a la revista Proceso con respecto del cártel La Familia michoacana”, concluye.
El 29 de julio pasado, en el centro de mando de la Policía Federal, ubicado en la delegación Iztapalapa del Distrito Federal, el jefe de la División Antidrogas, Ramón Pequeño, presentó ante los medios de comunicación a seis presuntos integrantes del grupo delictivo La Familia.
Entre las evidencias, y frente a los detenidos, el jefe policiaco exhibió fusiles automáticos “cuerno de chivo”, munición, fajos de billetes, equipo de radiocomunicación y una memoria USB que incluía reportes sobre la venta de droga y extorsión. Pero además, en primer plano, colocó cuatro números de Proceso.
El jueves 24, tras casi dos meses de aquella maniobra mediática, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, compareció en la Cámara de Diputados como parte de la Glosa del Tercer Informe de gobierno de Felipe Calderón. Llevaba poco más de cinco horas evadiendo cuestionamientos sobre la inseguridad que prevalece en el país y aguantando reclamos por el fracaso de su estrategia para combatir al narcotráfico, así como el auge de los secuestros y las ejecuciones.
Durante la segunda ronda de preguntas, el diputado federal por el Partido del Trabajo Jaime Cárdenas Gracia le planteó 10 puntos a García Luna, entre ellos el siguiente:
–¿Por qué señaló a la revista Proceso, ante la opinión pública, como integrante de los recursos con que opera la organización delictiva La Familia michoacana?
–Señor diputado, voy a contestar una a una sus preguntas de manera puntual –respondió el secretario consentido de Calderón.
Cuando llegó el turno a la pregunta citada, dijo:
“Respecto a la fotografía a que hace referencia en la revista Proceso, quiero decir a usted, que se aseguró a un presunto narcotraficante que entre sus bienes, al momento de ponerlo a disposición del Ministerio Público, traía diferentes artículos, y dentro de ellos esta revista.”
Como en un susurro, y al parecer tratando de minimizar su orden de presentar a este semanario como un instrumento de la organización criminal, agregó:
“No tiene ningún sentido, es una referencia específica. Sólo es de obligación institucional que tenemos que poner a disposición del Ministerio Público todos los objetos que tenga el presunto delincuente.”
PRESUNTO DAÑO MORAL
Insatisfecho con la respuesta del secretario de Seguridad Pública, el diputado Jaime Cárdenas, que es abogado, dice en entrevista que la maniobra policiaca tuvo como objeto afectar a la revista.
“Hice la pregunta porque considero que parte de la estrategia del actual gobierno federal y de García Luna es la utilización de los medios de comunicación para mostrar con espectacularidad las acciones realizadas. Con sus actos de propaganda, que no obedecen a un efectivo combate al narcotráfico, a García Luna no le importa violar derechos de terceros, y en el caso de Proceso, dar a entender que es una revista vinculada al crimen organizado”, explica el legislador.
“Queríamos que desde la tribuna se mostrara si el uso de la propaganda y el vincular a la revista fuera para afectar a Proceso. Con su respuesta (García Luna) nos demostró que sí hubo una intención y que, desde su lógica, la de la Secretaría de Seguridad Pública que encabeza, se considera que Proceso es la revista leída por los narcotraficantes”, agrega.
Desde el punto de vista legal, dice el diputado, “con esta acción se desprende que hay una afectación a la revista que puede implicar daño moral e indemnización correspondiente. Se intentó afectar la honra que la revista ha forjado durante 30 años, así como el profesionalismo de sus periodistas. Esto nos demostró que García Luna puede violar derechos de gente ajena a las investigaciones que realiza.
“Queríamos ver cuál es el límite del secretario. Su respuesta y su acto nos demostraron que hubo un exceso al asegurar, exhibir y tratar de desprestigiar a Proceso al presentarla como un instrumento del delito”, señala.
Además, el legislador niega que se deban dar a conocer “todos los bienes del presunto inculpado al momento de la detención”, como argumentó García Luna. Ante las autoridades ministeriales, aclara, se muestran los bienes “que se relacionan con el supuesto delito, no aquellos que no están vinculados”.
Aunque breve y sin fundamentos legales para justificar su intento de sugerir un vínculo de Proceso con La Familia, la respuesta de García Luna sobre el particular fue una de las pocas que se dignó ofrecer en las siete horas de su comparecencia. En general ignoró las críticas, evadió las preguntas y minimizó los reclamos con la ayuda del PAN.
Desde el inicio de la sesión, los legisladores panistas trataron de exponer lo menos posible al polémico secretario a la avalancha de cuestionamientos de la mayoría opositora. Tuvieron éxito: si acaso, García Luna habló una hora. El resto del tiempo lo consumieron el PAN y el PRI en sus acusaciones mutuas de mantener vínculos con el crimen organizado.
Entre tanto, el secretario compareciente pasó de actor principal a espectador secundario. El también diputado petista Porfirio Muñoz Ledo lo llamó “el convidado de piedra”.
Por lo pronto, el abogado y diputado federal Jaime Cárdenas Gracia sostiene que con esa declaración del funcionario policiaco, este semanario cuenta con elementos para interponer una demanda civil por el daño moral que le causó la autoridad al presentarla como instrumento de un cártel. “El resultado sería que un juez ordenara a Genaro García Luna deslindar, de manera pública, a la revista Proceso con respecto del cártel La Familia michoacana”, concluye.
