Alfonso CAMPOS-RUBIO
HERMOSILLO.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora emitió una recomendación al presidente municipal de Cajeme, Manuel Barro Borgaro, al acreditarse violaciones a los derechos fundamentales de Daniel Iván Ruiz Salas, quien falleció en una celda de la corporación el pasado 22 de junio de 2008, se informó.
Se indicó que de acuerdo a las probanzas obtenidas, se concluye que los agentes de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, comisionados en Pueblo Yaqui, Jorge Alvarez Fontes, Luis Angel Bustamante Mendívil, Delly Albany Durán Sosa, Leonel Gastélum Acosta, Salvador Hernández Estrada y Francisco Javier Mariscal Fonseca; así como el juez calificador, José Guadalupe Valenzuela Mendoza, incurrieron en violación a los derechos humanos del joven Ruiz Salas, relativos a su seguridad e integridad física.
La violación de derechos humanos deriva de la obligación que tiene la autoridad de salvaguardar la seguridad personal y la integridad física de los detenidos, ya que resulta injustificable que persona alguna fallezca cuando se encuentra a disposición y bajo la custodia de la autoridad que lo sometió a encierro temporal.
En el documento se establece que en esa fecha, Daniel Iván Ruiz Salas fue detenido en Pueblo Yaqui presuntamente por escandalizar en la vía pública, por lo que fue presentado ante el juez calificador, quien ordenó su entrada a celdas preventivas de esa localidad siendo aproximadamente las 19:30 horas.
Posteriormente los agentes policíacos detuvieron a otras dos personas, quienes fueron puestas ante el juez calificador y llevadas hacia las celdas, donde los oficiales se percataron de que en la ergástula contigua Ruiz Salas se encontraba tirado en el suelo y al revisarlo se dieron cuenta que presentaba una marca en el cuello y que de los barrotes de la ventana que da al patio oriente se encontraba amarrada una camiseta, presumiendo que el detenido se había ahorcado.
Es evidente la falta de cuidado de las personas detenidas en las celdas de Seguridad Pública en Pueblo Yaqui, ya que la persona encargada de dicha función también está a cargo de Barandilla; no cuentan con cámaras de vigilancia y aparatos de monitoreo que permitan al o los agentes de guardia encargados de la custodia, la observación directa de las personas recluidas para efecto de verificar las condiciones en las que se encuentran; carece de personal médico encargado de certificar a las personas previo a su presentación ante el juez calificador; además, el detenido no fue informado del derecho a realizar una llamada para ponerse en contacto con sus familiares.
Por tales motivos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos recomend´ño al edil cajemense que se denuncie ante el AMPFC a Jorge Alvarez Fontes, Luis Angel Bustamante Mendívil, Delly Albany Durán Sosa, Leonel Gastélum Acosta, Salvador Hernández Estrada, Francisco Javier Mariscal Fonseca y José Guadalupe Valenzuela Mendoza, agentes policiales y juez calificador, por incumplimiento de un deber legal, abuso de autoridad y/o lo que resulte.
Además de que conforme a sus facultades, solicitar a la Contraloría Municipal que de inmediato se proceda a instruir procedimiento administrativo en contra de los mencionados, que en esas fechas estaban comisionados en Pueblo yaqui, y en su oportunidad se les imponga la sanción que en derecho corresponda.
Así como de que para evitar acontecimientos como el investigado, gire instrucciones al jefe de la corporación o a quien corresponda para efecto de que designe personal suficiente para la vigilancia y cuidado de las personas que son detenidas e ingresadas en celdas, no solo en la del lugar donde ocurrió la tragedia, sino en todas las que en el municipio se utilicen para tal fin.
Además, para que en cada una de ellas se designe personal médico para efecto de que previo a la presentación ante el juez calificador de las personas detenidas sean debidamente certificadas en su integridad física, así como de que se instale equipo y la tecnología apropiada para la vigilancia de las personas que por cualquier motivo permanezcan detenidas, en la inteligencia de que, en caso de que no se cuente con recursos para ello en el presente año, deberá realizar las gestiones para obtenerlos, acudiendo a las instancias pertinentes para su inclusión en el presupuesto, se añadió.
HERMOSILLO.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora emitió una recomendación al presidente municipal de Cajeme, Manuel Barro Borgaro, al acreditarse violaciones a los derechos fundamentales de Daniel Iván Ruiz Salas, quien falleció en una celda de la corporación el pasado 22 de junio de 2008, se informó.
Se indicó que de acuerdo a las probanzas obtenidas, se concluye que los agentes de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, comisionados en Pueblo Yaqui, Jorge Alvarez Fontes, Luis Angel Bustamante Mendívil, Delly Albany Durán Sosa, Leonel Gastélum Acosta, Salvador Hernández Estrada y Francisco Javier Mariscal Fonseca; así como el juez calificador, José Guadalupe Valenzuela Mendoza, incurrieron en violación a los derechos humanos del joven Ruiz Salas, relativos a su seguridad e integridad física.
La violación de derechos humanos deriva de la obligación que tiene la autoridad de salvaguardar la seguridad personal y la integridad física de los detenidos, ya que resulta injustificable que persona alguna fallezca cuando se encuentra a disposición y bajo la custodia de la autoridad que lo sometió a encierro temporal.
En el documento se establece que en esa fecha, Daniel Iván Ruiz Salas fue detenido en Pueblo Yaqui presuntamente por escandalizar en la vía pública, por lo que fue presentado ante el juez calificador, quien ordenó su entrada a celdas preventivas de esa localidad siendo aproximadamente las 19:30 horas.
Posteriormente los agentes policíacos detuvieron a otras dos personas, quienes fueron puestas ante el juez calificador y llevadas hacia las celdas, donde los oficiales se percataron de que en la ergástula contigua Ruiz Salas se encontraba tirado en el suelo y al revisarlo se dieron cuenta que presentaba una marca en el cuello y que de los barrotes de la ventana que da al patio oriente se encontraba amarrada una camiseta, presumiendo que el detenido se había ahorcado.
Es evidente la falta de cuidado de las personas detenidas en las celdas de Seguridad Pública en Pueblo Yaqui, ya que la persona encargada de dicha función también está a cargo de Barandilla; no cuentan con cámaras de vigilancia y aparatos de monitoreo que permitan al o los agentes de guardia encargados de la custodia, la observación directa de las personas recluidas para efecto de verificar las condiciones en las que se encuentran; carece de personal médico encargado de certificar a las personas previo a su presentación ante el juez calificador; además, el detenido no fue informado del derecho a realizar una llamada para ponerse en contacto con sus familiares.
Por tales motivos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos recomend´ño al edil cajemense que se denuncie ante el AMPFC a Jorge Alvarez Fontes, Luis Angel Bustamante Mendívil, Delly Albany Durán Sosa, Leonel Gastélum Acosta, Salvador Hernández Estrada, Francisco Javier Mariscal Fonseca y José Guadalupe Valenzuela Mendoza, agentes policiales y juez calificador, por incumplimiento de un deber legal, abuso de autoridad y/o lo que resulte.
Además de que conforme a sus facultades, solicitar a la Contraloría Municipal que de inmediato se proceda a instruir procedimiento administrativo en contra de los mencionados, que en esas fechas estaban comisionados en Pueblo yaqui, y en su oportunidad se les imponga la sanción que en derecho corresponda.
Así como de que para evitar acontecimientos como el investigado, gire instrucciones al jefe de la corporación o a quien corresponda para efecto de que designe personal suficiente para la vigilancia y cuidado de las personas que son detenidas e ingresadas en celdas, no solo en la del lugar donde ocurrió la tragedia, sino en todas las que en el municipio se utilicen para tal fin.
Además, para que en cada una de ellas se designe personal médico para efecto de que previo a la presentación ante el juez calificador de las personas detenidas sean debidamente certificadas en su integridad física, así como de que se instale equipo y la tecnología apropiada para la vigilancia de las personas que por cualquier motivo permanezcan detenidas, en la inteligencia de que, en caso de que no se cuente con recursos para ello en el presente año, deberá realizar las gestiones para obtenerlos, acudiendo a las instancias pertinentes para su inclusión en el presupuesto, se añadió.
