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FAUSTINO FELIX CHAVEZ
HERMOSILLO.- Por considerar que el Congreso del Estado no es un órgano técnico facultado para realizar el análisis del transporte público y en virtud de que para autorizar la tarifa de este servicio se requiere un estudio de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, el Presidente de la Diputación Permanente, Faustino Félix Chávez, presentó una iniciativa de reforma a la Ley 149, para regresar esta facultad al Ejecutivo.
Durante la sesión de la Diputación Permanente de este martes, Félix Chávez dio lectura a la iniciativa que permitiría, de aprobarse, trasladar de nuevo la decisión sobre la tarifa de transporte urbano al Poder Ejecutivo, que es quien tiene por sí mismo la facultad de concesionar el servicio y de revisar todos aquellos factores inherentes a la calidad del mismo.
Tras exponer que desde el 05 de marzo de 2002, fecha en que se creó la Ley 149 del Transporte para el estado de Sonora y se pasó con ello la obligatoriedad de autorizar las tarifas de dicho servicio al Poder Legislativo, la discusión de este tema se ha dificultado pues esta facultad no se pasó al Congreso completa.
Con dicha ley, explicó, se otorgó esta responsabilidad a los diputados, pero supeditada a un estudio técnico que debe hacer la instancia adecuada para ello que es la SIDUR, y en tanto no se cuente con dicho análisis es imposible emitir un dictamen sobre el particular, de tal forma que cada vez que se solicita por parte de los concesionarios un incremento a la tarifa el Poder Legislativo debe esperar dicho resultado.
“Por eso estamos pidiendo que sea la propia SIDUR, de quien ya depende este servicio, la facultada para establecer y revisar las tarifas de las diversas modalidades del servicio público de transporte en el Estado, ya que dicha dependencia de la administración pública estatal cuenta con la capacidad técnica para desarrollar los estudios técnicos respectivos que la Ley actual señala”, argumentó.
“Hemos visto que en la práctica ha resultado contraproducente, no ha habido modificaciones sustanciales de tarifas desde 2002 y donde trabajó el sistema SUBA, en Navojoa, Obregón y Hermosillo, desde 2006, y ahorita la Comisión de Transporte no ha podido emitir un dictamen al respecto, porque estamos obligados a esperar un estudio técnico que nos dirá si sí o no, así que prácticamente lo único que hacemos (en el Congreso) es votar”, dijo.
Félix Chávez reconoció “que el Poder Legislativo es un órgano político donde naturalmente el tema corre el riesgo de politizarse; en el resto en el País, es la autoridad administrativa, la que autoriza las tarifas”.
En entrevista posterior, aclaró que con esta propuesta no se está eludiendo la responsabilidad, “pero si al final del día la Ley nos obliga a esperar un estudio técnico que, por ejemplo en este caso no ha llegado, lo más lógico es que todo el tema se dirima en el Ejecutivo que es el que nos manda decir con ese estudio: tienes que subirle, tienes que modificar la tarifa, o no requiere modificación”.
Con la iniciativa, dijo, se reformarían varias fracciones de la citada Ley 149 y el artículo 88 y 90 para quedar como sigue:
Artículo 88.- El Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, autorizará las tarifas que correspondan al servicio público de transporte, debiendo establecer tarifas especiales para estudiantes, personas con discapacidad y de la tercera edad que utilicen el servicio público de transporte público en zonas urbanas y suburbanas, mismas que se aplicarán siempre que se identifiquen con la credencial correspondiente, expedida por la institución educativa o pública competente.
Artículo 90.- La Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano revisará las tarifas del servicio público de transporte, cada vez que varíen sustancialmente las condiciones socioeconómicas que le dieron origen, debiendo observarse para ese efecto, lo dispuesto en el artículo anterior”.
Durante la sesión de la Diputación Permanente de este martes, Félix Chávez dio lectura a la iniciativa que permitiría, de aprobarse, trasladar de nuevo la decisión sobre la tarifa de transporte urbano al Poder Ejecutivo, que es quien tiene por sí mismo la facultad de concesionar el servicio y de revisar todos aquellos factores inherentes a la calidad del mismo.
Tras exponer que desde el 05 de marzo de 2002, fecha en que se creó la Ley 149 del Transporte para el estado de Sonora y se pasó con ello la obligatoriedad de autorizar las tarifas de dicho servicio al Poder Legislativo, la discusión de este tema se ha dificultado pues esta facultad no se pasó al Congreso completa.
Con dicha ley, explicó, se otorgó esta responsabilidad a los diputados, pero supeditada a un estudio técnico que debe hacer la instancia adecuada para ello que es la SIDUR, y en tanto no se cuente con dicho análisis es imposible emitir un dictamen sobre el particular, de tal forma que cada vez que se solicita por parte de los concesionarios un incremento a la tarifa el Poder Legislativo debe esperar dicho resultado.
“Por eso estamos pidiendo que sea la propia SIDUR, de quien ya depende este servicio, la facultada para establecer y revisar las tarifas de las diversas modalidades del servicio público de transporte en el Estado, ya que dicha dependencia de la administración pública estatal cuenta con la capacidad técnica para desarrollar los estudios técnicos respectivos que la Ley actual señala”, argumentó.
“Hemos visto que en la práctica ha resultado contraproducente, no ha habido modificaciones sustanciales de tarifas desde 2002 y donde trabajó el sistema SUBA, en Navojoa, Obregón y Hermosillo, desde 2006, y ahorita la Comisión de Transporte no ha podido emitir un dictamen al respecto, porque estamos obligados a esperar un estudio técnico que nos dirá si sí o no, así que prácticamente lo único que hacemos (en el Congreso) es votar”, dijo.
Félix Chávez reconoció “que el Poder Legislativo es un órgano político donde naturalmente el tema corre el riesgo de politizarse; en el resto en el País, es la autoridad administrativa, la que autoriza las tarifas”.
En entrevista posterior, aclaró que con esta propuesta no se está eludiendo la responsabilidad, “pero si al final del día la Ley nos obliga a esperar un estudio técnico que, por ejemplo en este caso no ha llegado, lo más lógico es que todo el tema se dirima en el Ejecutivo que es el que nos manda decir con ese estudio: tienes que subirle, tienes que modificar la tarifa, o no requiere modificación”.
Con la iniciativa, dijo, se reformarían varias fracciones de la citada Ley 149 y el artículo 88 y 90 para quedar como sigue:
Artículo 88.- El Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, autorizará las tarifas que correspondan al servicio público de transporte, debiendo establecer tarifas especiales para estudiantes, personas con discapacidad y de la tercera edad que utilicen el servicio público de transporte público en zonas urbanas y suburbanas, mismas que se aplicarán siempre que se identifiquen con la credencial correspondiente, expedida por la institución educativa o pública competente.
Artículo 90.- La Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano revisará las tarifas del servicio público de transporte, cada vez que varíen sustancialmente las condiciones socioeconómicas que le dieron origen, debiendo observarse para ese efecto, lo dispuesto en el artículo anterior”.
