
Alfonso CAMPOS-RUBIO
DISTRITO FEDERAL.- En cumplimiento a su propuesta de campaña de combatir actos de corrupción, Alfonso Elías propuso modificaciones a la Constitución Federal para proteger a los denunciantes y testigos de actos ilegales en el gobierno, avalar la denuncia anónima y simplificar los requisitos para la admisión de estas demandas.
La propuesta del senador sonorense eliminaría los obstáculos que imponen las leyes mexicanas a la participación ciudadana en el combate a la corrupción, ya que se presenta en respuesta a la creciente desconfianza ciudadana en sus autoridades.
“No es extraño que la población se abstenga de denunciar los actos de corrupción, pues al no ver un compromiso serio para combatir la corrupción y al no existir leyes que motiven la denuncia y protejan a los denunciantes, consideran inútil y hasta riesgoso denunciar la corrupción pública”, indicó Elías Serrano al subir a tribuna.
Aseguró que ante la falta de protecciones a los denunciantes de actos de corrupción y a los testigos en los procedimientos abiertos contra servidores públicos, México está incumpliendo con sus compromisos internacionales más importantes contenidos en las Convenciones contra la Corrupción de la OEA y las Naciones Unidas.
“Instrumentos a través de los cuales nuestro país se comprometió a modificar sus leyes para establecer un sistema de protección a denunciantes de actos de corrupción, lo cual a la fecha aún no se ha realizado, no obstante los reiterados señalamientos que la Organización de Estados Americanos ha hecho a nuestro país”, señaló.
La Ley propone eliminar del artículo 109 constitucional la limitante de que las denuncias deben hacerse bajo la más estricta responsabilidad del denunciante, pues ello anula el anonimato, y también plantea establecer que las denuncias serán admitidas con la sola identificación del autor de los hechos denunciados y con el mero ofrecimiento de las pruebas correspondientes, sin que sea necesaria acompañarlas con la denuncia.
La reforma ordena además a las legislaturas locales a eliminar de sus leyes de responsabilidades de servidores públicos, los artículos que obligan a los denunciantes a identificarse plenamente y acompañar pruebas suficientes a sus denuncias, lo cual ocurre en 30 de los 32 estados, incluyendo Sonora, precisó.
La iniciativa instruye a los congresos Federal y estatales, a establecer en las leyes secundarias los mecanismos, instrumentos y medidas para la protección de denunciantes y testigos en los procedimientos para sancionar actos de corrupción, por lo que Elías Serrano se comprometió a presentar la propuesta de reformas a cinco diversas leyes en las próximas semanas.
Elías Serrano dijo que la ineficiencia y corrupción en el gobierno, son las principales causas de que México haya perdido 29 lugares en el índice de competitividad en los últimos años, y 38 posiciones en el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional.
“Con esta iniciativa México podrá saldar su antigua deuda con la comunidad internacional y los mexicanos, en materia de combate a la corrupción, al dar cumplimiento a las convenciones internacionales en la materia y recuperar el terreno perdido en materia de competitividad y confianza en las instituciones de gobierno”.
DISTRITO FEDERAL.- En cumplimiento a su propuesta de campaña de combatir actos de corrupción, Alfonso Elías propuso modificaciones a la Constitución Federal para proteger a los denunciantes y testigos de actos ilegales en el gobierno, avalar la denuncia anónima y simplificar los requisitos para la admisión de estas demandas.

“No es extraño que la población se abstenga de denunciar los actos de corrupción, pues al no ver un compromiso serio para combatir la corrupción y al no existir leyes que motiven la denuncia y protejan a los denunciantes, consideran inútil y hasta riesgoso denunciar la corrupción pública”, indicó Elías Serrano al subir a tribuna.
Aseguró que ante la falta de protecciones a los denunciantes de actos de corrupción y a los testigos en los procedimientos abiertos contra servidores públicos, México está incumpliendo con sus compromisos internacionales más importantes contenidos en las Convenciones contra la Corrupción de la OEA y las Naciones Unidas.
“Instrumentos a través de los cuales nuestro país se comprometió a modificar sus leyes para establecer un sistema de protección a denunciantes de actos de corrupción, lo cual a la fecha aún no se ha realizado, no obstante los reiterados señalamientos que la Organización de Estados Americanos ha hecho a nuestro país”, señaló.
La Ley propone eliminar del artículo 109 constitucional la limitante de que las denuncias deben hacerse bajo la más estricta responsabilidad del denunciante, pues ello anula el anonimato, y también plantea establecer que las denuncias serán admitidas con la sola identificación del autor de los hechos denunciados y con el mero ofrecimiento de las pruebas correspondientes, sin que sea necesaria acompañarlas con la denuncia.
La reforma ordena además a las legislaturas locales a eliminar de sus leyes de responsabilidades de servidores públicos, los artículos que obligan a los denunciantes a identificarse plenamente y acompañar pruebas suficientes a sus denuncias, lo cual ocurre en 30 de los 32 estados, incluyendo Sonora, precisó.
La iniciativa instruye a los congresos Federal y estatales, a establecer en las leyes secundarias los mecanismos, instrumentos y medidas para la protección de denunciantes y testigos en los procedimientos para sancionar actos de corrupción, por lo que Elías Serrano se comprometió a presentar la propuesta de reformas a cinco diversas leyes en las próximas semanas.
Elías Serrano dijo que la ineficiencia y corrupción en el gobierno, son las principales causas de que México haya perdido 29 lugares en el índice de competitividad en los últimos años, y 38 posiciones en el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional.
“Con esta iniciativa México podrá saldar su antigua deuda con la comunidad internacional y los mexicanos, en materia de combate a la corrupción, al dar cumplimiento a las convenciones internacionales en la materia y recuperar el terreno perdido en materia de competitividad y confianza en las instituciones de gobierno”.