SENADOR DE LA REPUBLICA ALFONSO ELIAS SERRANO
CIUDAD DE MEXICO.- Con el fin de evitar represalias y garantizar la protección a quienes denuncien actos de corrupción y aporten pruebas en los juicios abiertos contra los servidores públicos que los cometan, Alfonso Elías presentó modificaciones a leyes federales para especificar cuáles serán las protecciones a las que tendrán derecho los denunciantes por ayudar a castigar la corrupción pública.
El pasado 23 de febrero Alfonso Elías presentó una iniciativa de reformas a los artículos 20 y 109 de la Constitución Federal, para establecer las bases constitucionales para la creación de un sistema de protección de denunciantes de actos de corrupción y de quienes participen en el esclarecimiento de estas conductas.
En complemento de esa reforma, hoy (ayer) en tribuna planteó la modificación de cinco ordenamientos federales, como lo son: La Ley de Responsabilidades Administrativas, el Código Penal, el Código de Procedimientos Penales, la Ley del Servicio Profesional de Carrera y la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Alfonso Elías propuso que cuando en el caso de que el denunciante o testigo sea servidor público, no pueda ser suspendido, removido o cesado de su cargo, o de ser trasladado de localidad, con motivo de la presentación de la denuncia, y que tenga el derecho a solicitar su cambio en otra oficina de gobierno, en caso de ser objeto de represalias.
La propuesta señala el derecho a solicitar la reserva de identidad y de los datos que permitan identificar al denunciante y aportante de pruebas; también señala que las denuncias procederán sólo con señalar los datos que permitan identificar al servidor público infractor, y con la mención - más no la presentación - de los elementos de prueba sobre hechos denunciados.
También indica el endurecimiento de las sanciones a los servidores públicos que intenten inhibir la presentación de denuncias y la participación de cualquier persona en el procedimiento correspondiente, o que ejerzan represalias en contra de éstos, a igual que la asignación de elementos de seguridad para la protección del denunciante y demás personas que aporten elementos de prueba durante el procedimiento.
La propuesta de Alfonso Elías contempla la reducción de las sanciones en los casos en que el propio denunciante haya participado en los hechos materia de la denuncia, siempre que repare el daño patrimonial y se logre la sanción de otros servidores públicos.
Con ello, nuestro país contaría con uno de los sistemas más avanzados en Latinoamérica para la protección de ciudadanos y servidores públicos que participen valientemente en el combate a la ineficiencia y corrupción gubernamentales, opinó.
Y agregó: De esta forma, los ciudadanos y servidores públicos honestos y eficientes, tendrían las herramientas necesarias para combatir, sin reticencias ni temor a represalias, la corrupción en el gobierno, contribuyendo con ello a que nuestro país recupere el terreno perdido en materia de competitividad y confianza en las instituciones.
El pasado 23 de febrero Alfonso Elías presentó una iniciativa de reformas a los artículos 20 y 109 de la Constitución Federal, para establecer las bases constitucionales para la creación de un sistema de protección de denunciantes de actos de corrupción y de quienes participen en el esclarecimiento de estas conductas.
En complemento de esa reforma, hoy (ayer) en tribuna planteó la modificación de cinco ordenamientos federales, como lo son: La Ley de Responsabilidades Administrativas, el Código Penal, el Código de Procedimientos Penales, la Ley del Servicio Profesional de Carrera y la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Alfonso Elías propuso que cuando en el caso de que el denunciante o testigo sea servidor público, no pueda ser suspendido, removido o cesado de su cargo, o de ser trasladado de localidad, con motivo de la presentación de la denuncia, y que tenga el derecho a solicitar su cambio en otra oficina de gobierno, en caso de ser objeto de represalias.
La propuesta señala el derecho a solicitar la reserva de identidad y de los datos que permitan identificar al denunciante y aportante de pruebas; también señala que las denuncias procederán sólo con señalar los datos que permitan identificar al servidor público infractor, y con la mención - más no la presentación - de los elementos de prueba sobre hechos denunciados.
También indica el endurecimiento de las sanciones a los servidores públicos que intenten inhibir la presentación de denuncias y la participación de cualquier persona en el procedimiento correspondiente, o que ejerzan represalias en contra de éstos, a igual que la asignación de elementos de seguridad para la protección del denunciante y demás personas que aporten elementos de prueba durante el procedimiento.
La propuesta de Alfonso Elías contempla la reducción de las sanciones en los casos en que el propio denunciante haya participado en los hechos materia de la denuncia, siempre que repare el daño patrimonial y se logre la sanción de otros servidores públicos.
Con ello, nuestro país contaría con uno de los sistemas más avanzados en Latinoamérica para la protección de ciudadanos y servidores públicos que participen valientemente en el combate a la ineficiencia y corrupción gubernamentales, opinó.
Y agregó: De esta forma, los ciudadanos y servidores públicos honestos y eficientes, tendrían las herramientas necesarias para combatir, sin reticencias ni temor a represalias, la corrupción en el gobierno, contribuyendo con ello a que nuestro país recupere el terreno perdido en materia de competitividad y confianza en las instituciones.
