Roberto FLEISCHER-HARO
HERMOSILLO.- Es nuestra convicción ser un Estado donde se viva en paz y armonía, con instituciones públicas respetadas, con alto sentido de corresponsabilidad, respeto absoluto a la legalidad y con gran participación ciudadana en programas preventivos.
Con el apoyo privilegiado de la sociedad en las tareas de prevención del delito y principalmente, con la colaboración integral de las instituciones de gobierno de manera decidida y constante, se atienden las causas y factores que propician la comisión de conductas delictivas e infractoras como las que se están presentando.
Por ello el gobierno de Sonora da prioridad a esta actividad, ante la tendencia del incremento de los hechos delictivos y, como ciudadano no hay que perder nuestra confianza y respeto hacia las instituciones encargadas de velar por nuestra seguridad.
En los últimos años las autoridades del gobierno del Estado han tenido que tomar decisiones de enormes consecuencias debido a su costo social y económico, acerca del tamaño, composición y propósito que deben tener las fuerzas de seguridad pública y justicia.
Estas decisiones han ido (al menos en intención) desde el tipo de armamento y equipo que dichas fuerzas deben utilizar, hasta aquellas menos visibles para el público, como son la definición del tipo y rol que juega la tecnología o el reclutamiento, selección, evaluación y promoción del personal, así como la relación que se establece con las diferentes instancias que deben coordinarse para efectos de garantizar la seguridad y procurar justicia.
Cada una de estas decisiones ha conllevado serías implicaciones económicas, políticas y sociales de largo plazo no sólo para el problema de inseguridad que nos aqueja, sino que inclusive para la estabilidad y futuro del Estado.
No existen proyectos evaluables de seguridad pública y las metas que se plantean, corresponden a objetivos de medición de la actividad administrativa de las instituciones de seguridad pública y justicia, y no a objetivos concretos de disminución real de la delincuencia.
Este señalamiento viene a cuento, en virtud de que una de las demandas ciudadanas que más se han escuchado en las últimas semanas y que ha tenido eco en las autoridades, es el otorgar un mayor presupuesto a las instituciones de seguridad pública con el objeto de que tengan mayores recursos que les permitan enfrentar de manera decidida y frontal a la delincuencia.
Los ciudadanos exigen una seguridad al servicio del pueblo no ha disposición del mejor postor, que se terminen compromisos y compadrazgos e imposiciones, lo anterior es con el fin de normar conductas y evitar la corrupción en las corporaciones policíacas hasta donde sea posible.
Actualmente las diferentes corporaciones policíacas actúan desorientadas no tienen control ni don de mando, la corrupción predomina, desconocen sus funciones, se manejan a su libre albedrío.
“Prevenir es lo mejor, se necesita una vigilancia estricta de los jefes a sus elementos, a través de los mandos intermedios, como se realiza en otras ciudades del país y en los Estados Unidos, si se implementara un sistema de sobre-vigilancia dentro de la corporación sería una buena forma de prevenir.
No se puede descartar la presencia de buenos elementos, que hemos de imaginar los hay, se supone que la red de corrupción y protección de policías locales al narco urbano, el que se realiza en calles y escuelas enviciando a las juventudes, provocando riñas colectivas entre ellos lo que ya se ha vivido, y no se puede considerar sea precisamente un asunto menor.
Como decididamente no lo es, si no al parecer débiles reflejos del alto nivel de corrupción que al interior de los cuerpos policíacos existe, acciones determinantes y limpieza total más allá de discursos, se espera por parte de las autoridades en cuya responsabilidad está velar por la seguridad de la ciudadanía.
Por ese y muchos motivos más, es necesario cambiar la temática en los nombramientos de los jefes policíacos, para que en los municipios se den por enterados que en el Estado existe la convicción en un cambio generalizado en materia de seguridad pública.
Es por ello que lo antes expuesto va orientado hacia el subraye de una premisa fundamental, de que no se viole la Ley, para hacerla cumplir.
Finalmente, es saludable destacar que la presente opinión está basada en realidades, considerando las situaciones cotidianas en las que el ciudadano siente perjuicio o ve afectado sus intereses.
Por lo tanto, se insiste en la conformación de una Jefatura de Policía y Tránsito ejemplar, capaz de atender y responder oportunamente, con eficacia, las demandas sociales; Una corporación con amplio sentido humano, sensible a las necesidades pero enérgico en el actuar.
ROBERTO FLEISCHER HARO
EGRESADO DE LA IV GENERACIÓN DE LA ESCUELA DE POLICÍA.
REGISTRO NACIONAL DE SEGURIDAD FEHR440205H26223583
E. MAIL RFLEISCHER_44@HOTMAIL.COM.
HERMOSILLO.- Es nuestra convicción ser un Estado donde se viva en paz y armonía, con instituciones públicas respetadas, con alto sentido de corresponsabilidad, respeto absoluto a la legalidad y con gran participación ciudadana en programas preventivos.
Con el apoyo privilegiado de la sociedad en las tareas de prevención del delito y principalmente, con la colaboración integral de las instituciones de gobierno de manera decidida y constante, se atienden las causas y factores que propician la comisión de conductas delictivas e infractoras como las que se están presentando.
Por ello el gobierno de Sonora da prioridad a esta actividad, ante la tendencia del incremento de los hechos delictivos y, como ciudadano no hay que perder nuestra confianza y respeto hacia las instituciones encargadas de velar por nuestra seguridad.
En los últimos años las autoridades del gobierno del Estado han tenido que tomar decisiones de enormes consecuencias debido a su costo social y económico, acerca del tamaño, composición y propósito que deben tener las fuerzas de seguridad pública y justicia.
Estas decisiones han ido (al menos en intención) desde el tipo de armamento y equipo que dichas fuerzas deben utilizar, hasta aquellas menos visibles para el público, como son la definición del tipo y rol que juega la tecnología o el reclutamiento, selección, evaluación y promoción del personal, así como la relación que se establece con las diferentes instancias que deben coordinarse para efectos de garantizar la seguridad y procurar justicia.
Cada una de estas decisiones ha conllevado serías implicaciones económicas, políticas y sociales de largo plazo no sólo para el problema de inseguridad que nos aqueja, sino que inclusive para la estabilidad y futuro del Estado.
No existen proyectos evaluables de seguridad pública y las metas que se plantean, corresponden a objetivos de medición de la actividad administrativa de las instituciones de seguridad pública y justicia, y no a objetivos concretos de disminución real de la delincuencia.
Este señalamiento viene a cuento, en virtud de que una de las demandas ciudadanas que más se han escuchado en las últimas semanas y que ha tenido eco en las autoridades, es el otorgar un mayor presupuesto a las instituciones de seguridad pública con el objeto de que tengan mayores recursos que les permitan enfrentar de manera decidida y frontal a la delincuencia.
Los ciudadanos exigen una seguridad al servicio del pueblo no ha disposición del mejor postor, que se terminen compromisos y compadrazgos e imposiciones, lo anterior es con el fin de normar conductas y evitar la corrupción en las corporaciones policíacas hasta donde sea posible.
Actualmente las diferentes corporaciones policíacas actúan desorientadas no tienen control ni don de mando, la corrupción predomina, desconocen sus funciones, se manejan a su libre albedrío.
“Prevenir es lo mejor, se necesita una vigilancia estricta de los jefes a sus elementos, a través de los mandos intermedios, como se realiza en otras ciudades del país y en los Estados Unidos, si se implementara un sistema de sobre-vigilancia dentro de la corporación sería una buena forma de prevenir.
No se puede descartar la presencia de buenos elementos, que hemos de imaginar los hay, se supone que la red de corrupción y protección de policías locales al narco urbano, el que se realiza en calles y escuelas enviciando a las juventudes, provocando riñas colectivas entre ellos lo que ya se ha vivido, y no se puede considerar sea precisamente un asunto menor.
Como decididamente no lo es, si no al parecer débiles reflejos del alto nivel de corrupción que al interior de los cuerpos policíacos existe, acciones determinantes y limpieza total más allá de discursos, se espera por parte de las autoridades en cuya responsabilidad está velar por la seguridad de la ciudadanía.
Por ese y muchos motivos más, es necesario cambiar la temática en los nombramientos de los jefes policíacos, para que en los municipios se den por enterados que en el Estado existe la convicción en un cambio generalizado en materia de seguridad pública.
Es por ello que lo antes expuesto va orientado hacia el subraye de una premisa fundamental, de que no se viole la Ley, para hacerla cumplir.
Finalmente, es saludable destacar que la presente opinión está basada en realidades, considerando las situaciones cotidianas en las que el ciudadano siente perjuicio o ve afectado sus intereses.
Por lo tanto, se insiste en la conformación de una Jefatura de Policía y Tránsito ejemplar, capaz de atender y responder oportunamente, con eficacia, las demandas sociales; Una corporación con amplio sentido humano, sensible a las necesidades pero enérgico en el actuar.
ROBERTO FLEISCHER HARO
EGRESADO DE LA IV GENERACIÓN DE LA ESCUELA DE POLICÍA.
REGISTRO NACIONAL DE SEGURIDAD FEHR440205H26223583
E. MAIL RFLEISCHER_44@HOTMAIL.COM.
